El Ayuntamiento de Madrid ha solicitado formalmente este jueves al Gobierno de España que la ciudad sea declarada zona catastrófica, debido a los daños ocasionados por la intensa nevada caída sobre la capital española el pasado fin de semana. La iniciativa tiene lugar entre numerosas críticas de la ciudadanía y de la oposición política a las autoridades locales, por el estado de parálisis en el que se encuentra la capital española cinco días después de la acumulación de nieve.
El consistorio madrileño cifra el volumen de pérdidas económicas en 1.398 millones de euros, tras una junta de gobierno en la que se ha analizado el alcance de los daños sufridos. De ellos, la mayor parte –unos 998 millones– corresponderían a la falta de ingresos en los negocios hosteleros, por la paralización de su actividad.
Tras la junta de gobierno en la que se ha aprobado este balance, el alcalde de la ciudad, el conservador José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que la solicitud ya ha sido cursada «al Gobierno de la nación», una petición que considera «viable» desde el punto de vista jurídico.
En un vídeo difundido este miércoles en el perfil de Twitter de Almeida, el edil explicó que la solicitud de Madrid obedece a la necesidad de agilizar el trámite de las indemnizaciones para las personas afectadas, a reparar los perjuicios económicos derivados del cese de la actividad comercial y a compensar los gastos sufridos por el Ayuntamiento de Madrid para hacer frente a «los daños tremendos» en «diversas infraestructuras».
Hasta el momento, dos partidos de la oposición, el PSOE y Más Madrid, ya han anunciado que apoyan la petición, pero reprochan a la alcaldía de la ciudad el estado en el que se encuentran aún sus espacios públicos.
La declaración de una demarcación territorial como zona catastrófica (lo que ahora en España se denomina exactamente Zona de Especial Emergencia) facilita la concesión, por parte del Estado, de determinadas ayudas directas, tanto a particulares damnificados como a empresas, industrias o administraciones afectadas. La medida también puede incluir líneas de crédito subvencionadas o exención del pago de ciertos impuestos.
Una ciudad aún semiparalizada
Según datos del ayuntamiento capitalino, actualmente trabajan en Madrid unos 8.000 operarios para retirar las aproximadamente 1.250 toneladas de nieve que cayeron sobre la ciudad, en lo que el alcalde ha calificado en repetidas ocasiones como un ‘tsunami de nieve’.
«Queda mucho para que la ciudad vuelva a la normalidad», admitió el regidor madrileño, que defendió no obstante la gestión de los servicios municipales, anunciando que «ya hay 1.700 calles abiertas y otras 2.000 parcialmente», además de 750 kilómetros de vía peatonal rehabilitada.
Esa misma gestión ha sido, sin embargo, ha resultado decepcionante para muchos vecinos de Madrid, que han lamentado, por ejemplo, «la absoluta incompetencia de quienes en cinco días no han sido capaces ni de dar acceso a las calles principales».
Otro de los servicios esenciales paralizados por la nevada en Madrid ha sido el de la retirada y gestión de los residuos. Aunque el alcalde sugiere que la actividad en este sector comienza a reactivarse al afirmar que «anoche se recogieron 1.100 toneladas de basura», las quejas de los ciudadanos madrileños y de los partidos de la oposición municipal arrecian en las redes sociales.
La caída de ramas y árboles debido al peso de la nieve también ha complicado la situación urbana en Madrid. Para paliar estos desperfectos, desde este jueves unas 1.1000 personas revisarán el estado de los más de 1,7 millones de árboles que hay en la ciudad, dando especial prioridad a los 800.000 que están ubicados en las calles.
Suspicacias por la gestión del Partido Popular
Estos despliegues excepcionales de mano de obra y la reparación de las infraestructuras dañadas integran los «gastos asumidos por el ayuntamiento» que pretenden justificar la solicitud de Madrid al Gobierno.
Sin embargo, ciertos antecedentes del Partido Popular (PP) en la gestión del dinero público al frente de las instituciones madrileñas levanta ahora suspicacias sobre el destino de las ayudas estatales a las que aspiran.
«Es intolerable pedir zona catastrófica para Madrid sin auditarlo y sin vigilar que el nuevo dinero no sirva para regar a los amigos del PP», dijo en Twitter la periodista y escritora Rosa María Artal.
En su publicación incluyó una referencia al polémico hospital Isabel Zendal, construido recientemente por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en medio de un fuerte cuestionamiento de su utilidad y de la gestión de su personal, y considerado por sus detractores como un instrumento de propaganda política.
También realizó una velada referencia a este hospital el médico Javier Padilla, que en un nuevo tuit sobre la solicitud de declarar Madrid como zona catastrófica evocó la intención de la Comunidad de Madrid de completar la plantilla del nuevo centro médico con profesionales sanitarios «voluntarios».
¿Qué dice el Gobierno central?
Por el momento, el Gobierno central no se ha pronunciado al respecto y se encuentra desde el martes evaluando y cuantificando los daños ocasionados por el temporal en Madrid, como parte de su proceso de deliberación acerca de si conceder o no a Madrid la designación de zona catastrófica.
En unas declaraciones que podrían interpretarse como una reticencia, el ministro español de Interior, Fernando Grande Marlaska, indicó el domingo en una rueda de prensa posterior a a una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del sistema nacional de Protección Civil, que «no hay daños importantes ni a bienes públicos ni privados» en Madrid a causa del temporal.
Aunque en España existen varios precedentes en la aplicación de esta figura, como en inundaciones o incendios forestales, nunca se ha recurrido a ella por motivo de una gran acumulación de nieve, y no hay por lo tanto una jurisprudencia específica sólida que sirva como criterio de decisión en este momento.
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil indica que para la declaración de un área geográfica como zona catastrófica «se valorará, en todo caso, que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población». La valoración de esa gravedad es ahora el factor clave en la decisión del Ejecutivo español al respecto.
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