Este domingo fue materializado el segundo vuelo comercial -de 15- dispuesto por el Gobierno de Chile para la expulsión de migrantes con procesos judiciales o administrativos abiertos.
En este vuelo fueron expulsados 56 personas de nacionalidad venezolana, quienes, de acuerdo con Rodrigo Delgado, ministro de Interior de Chile, entraron de manera irregular al país o tenían algún tipo de condena judicial.
Según lo indicado por el ministro chileno, 19 de los migrantes expulsados estaban procesados por los delitos de tráfico de menores, tráfico de sustancias estupefacientes y robo con violencia; mientras que, 37 personas fueron expulsadas por haber ingresado a Chile por pasos fronterizos no habilitados.
Vanessa González, Coordinadora Nacional de Inmigrantes, solicitó recursos de amparo para algunas personas expulsadas que habían iniciado su proceso de regularización.
“Venimos a impugnar a las autoridades migratorias. Hacemos un llamado al Gobierno de Chile para que detenga de una vez por todas las expulsiones colectivas. Son arbitrarias e ilegales, y no garantizan el debido proceso ni el derecho a la defensa”, aseguró.
“Exigimos a todas las instancias que detengan esa campaña de terror, de persecución y de detenciones a las personas migrantes”, agregó.
Por su parte, Waleska Ureta, directora general del Servicio Jesuita Migrante, recordó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) emplazó al gobierno de Chile a detener inmediatamente las expulsiones colectivas porque cada persona tiene derecho a su debido proceso.
“Cada caso debe ser revisado de manera individual para definir las necesidades de protección, si hay arraigo, si hay vínculos en el país (…) exigimos a la autoridad detener las expulsiones colectivas y que las cortes sesionen los fines de semana que es cuando se están haciendo estos procedimientos”, demandó Ureta.
Ante las exigencias, denuncias y demandas de las organizaciones de protección a los migrantes, Juan Francisco Galli, subsecretario de interior de Chile aseguró que el país no está haciendo expulsiones masivas, y que por el contrario se está cumpliendo con los procesos correspondientes; “cada una de las personas expulsadas tienen una resolución de expulsión que les afecta individualmente”, aseguró.
El 12 de abril el gobierno de Sebastián Piñera presentó una nueva ley de migración, que busca “ordenar la casa”.
Esta ley de migraciones dio inicio a un proceso de regulación de los migrantes que ingresaron de manera regular al país antes del 18 de marzo de 2020 y que se les venció la visa; de igual forma, para quienes ingresaron de manera irregular después de esa fecha, tendrán un plazo de 180 días para salir sin sanciones monetarias, y comenzar su proceso de solicitud de visado en cualquier Consulado o Embajada de Chile en otro país.
De acuerdo con lo denunciado por las diferentes organizaciones que defienden los derechos de los migrantes en Chile, hacer las expulsiones un domingo, no permite que se introduzcan recursos de amparo para intentar revertir la medida de expulsión de algunas personas que no deberían estar rumbo a Caracas en el avión contratado por el Estado chileno.
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