El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que «modernizará» la policía, que está bajo la lupa por la represión de protestas sociales que persisten desde hace más de un mes con un saldo de más de 60 muertos.
El mandatario ordenó «un decreto que modernizará la estructura orgánica de la Policía Nacional, sobre todo para fortalecer la política (…) de los derechos humanos», durante una ceremonia de ascensos de la institución en Bogotá.
Sin ceder a la presión de los manifestantes que exigen que la policía salga de la tutela del Ministerio de Defensa para convertirse en un cuerpo civil, el presidente anticipó una «transformación» de la institución, agregando que creará una «dirección de derechos humanos» encabezada por un experto ajeno a la organización.
La reforma «busca la profesionalización para que todos los policías sean certificados en derechos, en uso de la fuerza», dijo a la AFP el ministro de Defensa, Diego Molano.
El anunció llega el mismo día en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) llega al país para evaluar la situación en medio del estallido social.
Aunque el plan responde al clamor popular por un cambio en la policía, el analista Jorge Restrepo expresó en Twitter que la medida resulta «tardía» porque «llega cuando la confianza en la institución se ha deteriorado (….)y no se articula con la investigación de abusos».
Reforma prudente
En más de media década de conflicto armado, la policía colombiana se especializó en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas.
Hoy, tras varias semanas de choques en las principales ciudades entre jóvenes manifestantes y uniformados, la institución es vista de forma negativa por un 56% de los colombianos, según la firma Invamer.
Lo que comenzó el 28 de abril con una manifestación contra un proyecto para incrementar impuestos que luego fue retirado, terminó en un movimiento de protesta contra el gobierno agravado por la represión del escuadrón antidisturbios, involucrado en varias muertes.
La ONU, Estados Unidos y la Unión Europea han denunciado un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades en las protestas.
En el poder desde 2018, el conservador Duque ha respaldado el accionar de la policía en estas protestas. También lo hizo en 2019, cuando una serie de manifestaciones antigubernamentales dejaron cuatro muertos, y en 2020, cuando un levantamiento detonado por el asesinato de un estudiante en poder de la policía tuvo un saldo de 13 víctimas fatales.
«Colombia lleva más de 20 años con su escuadrón móvil antidistrubios (…) hemos visto los mínimos casos de incidentes letales», admitió Duque este domingo, agregando que brindará «nuevas herramientas» para que el cuerpo actúe «minimizando las situaciones o riesgos de letalidad».
Según el Ministerio de Defensa, 56 mil de los 160 mil policías con los que cuenta el país han intervenido en las manifestaciones de las últimas semanas.
Al menos 61 personas han muerto desde que iniciaron las protestas, según autoridades y la Defensoría del Pueblo (ombudsman). Dos de ellos eran uniformados.
Por su parte, la ONG Human Rights Watch asegura tener «denuncias creíbles» sobre 67 muertes ocurridas desde que comenzaron las protestas. La organización ha confirmado que 32 de ellas ««tienen relación con las manifestaciones».
Imágenes comprometedoras
Duque también anticipó la creación de un «nuevo estatuto disciplinario policial», la implementación de cámaras corporales y el cambio de color en los uniformes de la institución, que pasaran del verde al azul.
El país vivió su jornada más sangrienta hace apenas una semana, cuando 13 personas murieron en Cali (suroeste) en medio de choques entre manifestantes, y policías respaldados por civiles armados.
Una cascada de imágenes mostraron a varios uniformados acompañando a civiles que disparaban a los manifestantes. La institución asegura tener investigaciones contra siete policías involucrados.
El hecho indignó a los voceros del Comité Nacional del Paro, quienes adelantan desde hace semanas un diálogo con el gobierno sin llegar a acuerdos y divididos por el accionar de la fuerza pública.
El Comité, que no representa a todos los sectores que se manifiestan, exige «garantías para la protesta» y que el presidente se disculpe por los excesos de la policía.
Por su parte, el gobierno exige que el Comité Nacional del Paro, condene decenas de bloqueos viales mantenidos por los manifestantes, a los que atribuye la muerte de dos bebés atrapados en ambulancias y millonarias pérdidas.
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