miércoles, 11 de agosto de 2021

Caracas y Carabobo: Estafaban fingiendo ser compradores de locales por miles de dólares: Esto pasó (+Transferencias)

 

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) capturaron a tres hombres sindicados de estafar a más de 30 personas en Caracas y Carabobo, informó Douglas Rico, director de dicho cuerpo de seguridad.  

De acuerdo con el relato policial, los hombres, que fueron identificados como Oswaldo Enrique Chávez Villalobos, Efraín Diamate Giamate Acevedo y Wladimir Portalino Landaeta Aparacio, se habrían presentado ante sus víctimas como compradores interesados en adquirir empresas.  

Así, Chávez Villalobos negoció la compra de la Panadería y Pastelería Delicateses Bajamar C.A, la Licorería Bajamar y la Distribuidora y Comercializadora Pefica, localizadas en el estado La Guaira por 3.650.000 dólares. 

El presunto timador aseguró a su víctima que había realizado el pago por medio de una cuenta registrada en el banco Banque Pasche y una vez habiéndose hecho de la constancia de compra-venta emitida por el registro mercantil, procedió a enviarle un dominio falso de la página web de la entidad donde figuraba el comprobante de la transacción.  

Durante la investigación, la Policía Científica encontró que otras personas habían sido estafadas a través de la misma modalidad, pero en la ciudad de Valencia (Carabobo). 

En esta oportunidad, los detenidos realizaron la compra fraudulenta de la compañía Vipladt C.A y de la Unidad Educativa María Auxiliadora por 9.200.000 dólares. Además, le requirieron 10.000 dólares adicionales a uno de los afectados con la excusa de abrir una cuenta en el mismo banco, alegando que era necesaria para realizar el pago acordado. 

Una vez informaron a las víctimas del presunto pago y tras la protocolización de la venta en el registro mercantil, solicitaron 12.000 dólares adicionales a cargo de un supuesto avance en el pago del colegio, aduciendo que ya se había hecho efectivo el monto pactado en el contrato.   

Esta situación, comentó Rico, «afectó notoriamente el patrimonio económico de las empresas y el plantel educativo».  

Se conoció que el caso fue puesto a la orden del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal. 


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