«Hay intentos de organizaciones de detener estas expulsiones, pero el Estado de Chile y el Ministerio del Interior cumplen con la ley y los extranjeros que cometan delitos o entren clandestinamente serán expulsados», señaló Álvaro Bellolio, director del Servicio Nacional de Migraciones.
Según información oficial, la mayor parte eran venezolanos (más de 70) y fueron deportados a su país de origen por no haber entrado al país de forma regular o por haber cometido crímenes que van desde el tráfico de migrantes al homicidio, pasando por el robo con intimidación.
Más de 800 personas han sido deportadas en siete vuelos distintos este año debido a una nueva ley de migración más estricta que el conservador Sebastián Piñera promulgó en abril bajo el lema de «ordenar la casa» y que obliga a los extranjeros a obtener visas en sus países de origen.
Las expulsiones han recibido duras críticas de diversas organizaciones promigrantes y de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y de organizaciones como las Naciones Unidas, que alertaron de graves violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros.
Desde HRW denunciaron expulsiones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas), impedimento para acceder a llamadas telefónicas o abogados, y separación de familias, entre otros.
La Corte Suprema anuló varias órdenes de deportación en los últimos meses por considerar que fueron producto de un «procedimiento contencioso administrativo insuficiente», pero en casi todos los casos esta anulación fue posterior a la deportación.
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Esto se hace en complacencia del gobierno venezolano. Porque si no se recibieran deportados no podrían hacer esas cosas.
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