Al menos 23 personas murieron y decenas se encuentran internadas, algunas con cuadros de gravedad, tras consumir cocaína adulterada y sufrir severas intoxicaciones en la zona oeste del Gran Buenos Aires. El hecho genera conmoción en Argentina y abre el debate sobre la política de drogas.
Una de las hipótesis es que hubo un error de cálculo a la hora de cortar la cocaína, una práctica que utilizan los traficantes para reducir la cantidad de cocaína, en algunos casos para mejorar su margen de ganancia y en otros para modificar el efecto de la sustancia.
Otra hipótesis es la de una posible disputa entre narcos. «Puede ser que se trate de un ajuste de cuentas entre bandas de traficantes», dijo Marcelo Lapardo, fiscal general del partido de San Martín, uno de los distritos afectados. «No es un error en el procesamiento del material o no parece serlo». Sin embargo, Berni descartó que se tratara de un conflicto entre bandas: «Si fuera una guerra narco no estaríamos deteniendo a los que estaban distribuyendo esta droga».
«Todo lo que se hace en política de drogas contribuye a que pasen estas cosas en Argentina»
Si bien no hay registros de intoxicaciones de esta escala en Argentina, sí han ocurrido otros casos en el pasado. Como el de 2016, llamado Tragedia de Time Warp, en el que cinco personas murieron tras consumir drogas de diseño en una fiesta electrónica en la Ciudad de Buenos Aires.
Ante casos como estos, hay sectores que insisten en que puedan desarrollarse más acciones vinculadas con la reducción de daños, más allá del estatus legal de las drogas como la cocaína.
«Todo lo que se hace en política de drogas contribuye a que pasen estas cosas en Argentina, básicamente porque sigue siendo una ley que, a pesar de que dice que no, persigue a los usuarios», le dijo a France 24 en Español Luis Osler, director del posgrado de la Universidad de Quilmes en política de drogas, regulación y cannabis. Eso, explicó, deja a los usuarios en situación de vulnerabilidad, porque, por ejemplo, pueden decidir evitar buscar ayuda cuando sienten efectos adversos.
Por su parte, la ONG Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA), publicó un comunicado en el que llamó a «aplicar políticas públicas preventivas, como los testeos de sustancias». Es algo que ya ocurre en algunos países, como Colombia, donde la ONG Acción Técnica Social provee el servicio de testeo de sustancias.
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