Este domingo 1º de abril entrará en vigencia el ajuste aplicado a 19
productos de higiene personal, del hogar, jugos pasteurizados, compotas y
agua mineral envasada, cuyos precios máximos de venta al público fueron
fijados como parte de la primera fase de la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos.
Esta normativa busca establecer las regulaciones, así como los
mecanismos para mantener la estabilidad de precios y propiciar el acceso
a los bienes y servicios, a toda la población en igualdad de
condiciones, “en el marco de un modelo económico y social que privilegie
los intereses de la población y no del capital”.
Igualmente, la ley se refiere en su exposición de motivos al
funcionamiento de los monopolios y su repercución en materia
inflacionaria.
“Los abusos flagrantes del poder monopólico de muchos sectores de la economía han originado que la base de acumulación de capital se materialice en los elevados márgenes de ganancia
que implica el alza constante de precios, sin ninguna razón más que la
explotación directa e indirecta del pueblo”, señala el texto legal.
A partir de este domingo, el precio máximo de venta al púbico debe
estar marcado en los siguientes productos: cloro; pañales; lavaplatos
líquido, gel y crema; jugo pasteurizado de frutas; papel higiénico;
jabón de panela; detergente; jabón de baño, en barra y líquido;
desodorante, en barra y líquido; desinfectante; crema dental; compotas;
champú; cera para pisos; agua mineral; máquinas de afeitar de dos, tres y
cuatro hojillas; toallas sanitarias y protectores diarios,
acondicionador para el cabello y suavizante para ropa.
“El precio máximo de venta al público varía dependiendo de las características, empaque y tamaño del artículo”
Las bodegas, farmacias, supermercados y demás puntos de ventas, deben colocar en un lugar visible los precios máximos de venta, para que la población esté informada de cuánto cancelarán por el producto de su preferencia.
La aplicación de la ley inició con el congelamiento de los precios de
los mencionados artículos y el estudio de las estructuras de costos en
las empresas productoras, basado en los datos aportados por las mismas.
“En total se fijaron 612 precios correspondientes a 206 presentaciones
de 19 artículos de primera necesidad. Si una empresa productora o
importadora posee dos ó más marcas de un mismo producto que viene en
diferentes presentaciones, les corresponde a ellos fijar los precios,
por supuesto, respetando el precio máximo, de allí para abajo pueden
costar menos dependiendo de sus características, aclaró la
superintendente Nacional de Precios y Costos Justos (Sundecop) Karlín
Granadillo.
El precio máximo de venta al público varía dependiendo de las características, empaque y tamaño del artículo.
Estos precios máximos de venta al público no contemplan el Impuesto
al Valor Agregado (IVA). “A partir de este domingo los consumidores
pagarán este nuevo precio máximo de venta al público, más el Impuesto al
Valor Agregado, lo que significa un monto total a pagar”, explicó la
Superintendente.
Una providencia publicada en Gaceta Oficial número 39.894 de fecha
jueves 29 de noviembre de 2012, establece que el precio máximo de venta
al consumidor final, deberá estar impreso, rotulado, inscrito o marcado
en forma indeleble y en un lugar visible en el envase, empaque o
envoltorio por el productor o importador, para lo cual tendrá plazo
hasta el próximo 02 de mayo de 2012.
Ley contra las irregularidades
La Ley de Costos y Precios Justos busca corregir diversas
irregularidades del mercado, principalmente la especulación y a usura, a
través del establecimiento de márgenes de ganancias proporcionales a
las estructuras de costos de bienes y servicios.
Igualmente se pretende erradicar el cobro de Impuesto al Valor
Agregado y demás tributos a los consumidores, mediante un porcentaje en
el precio del producto, así como las significativas diferencias que
pueden observarse en los precios según la ubicación del punto de venta,
indicó el intendente de Costos y Precios, William Contreras.
“El pueblo venezolano cada vez que compra un producto, además de pagar su propio tributo, tiene que pagar el impuesto y sostener a las altos directivos
de las empresas productoras y comercializadoras. Para esas
irregularidades está la Ley de Costos y Precios Justos”, resaltó
Contreras en declaraciones a la Agencia Venezolana de Noticias.
Asimismo, el Intendente advirtió que existen empresas en el país que
no se rigen por la Ley de oferta y demanda para establecer el precio de
los productos, según la cual los artículos que más se expenden deben ser
más económicos que aquellos que son menos demandados.
“Muchos empresarios se aprovechan del alto poder adquisitivo de los
venezolanos, es decir, mientras más compren, por ejemplo un champú, más
caro lo venden”, mencionó Contreras.
Entre otros objetivos del instrumento legal, mencionó que busca
lograr que los precios sean marcados de acuerdo a la presentación y al
tamaño del producto, también tomando en cuenta el precio unitario. “Por
ejemplo, si se compra un paquete de pañales de 10 unidades; cada pañal
es más caro que si se compra la presentación de 68 unidades. Este tipo de situaciones se corrigen con la Ley”, aseguró el intendente.
Determinación de precios
Para eliminar dichas irregularidades y contar con nuevas formas de
comercialización y distribución, la Sundecop determinó la estructura de
costos de los productos de primera necesidad con la información
suministrada por las principales empresas importadoras y productoras de
los 19 rubros ajustados, entre las que destacan: Procter & Gamble;
Colgate-Palmolive; Kimberly Clark; Coca-Cola Femsa Venezuela; Unilever;
Alimentos Polar; Pepsi Cola de Venezuela; entre otras.
Posteriormente, se consideraron los gastos de nacionalización, flete y seguro,
así como el comportamiento del volumen importado con relación al precio
total de importación de todas las presentaciones y tamaños de los
artículos.
La determinación de los precios máximos de venta al consumidor, se
efectuó mediante “modelos de análisis estadístico, lo cual permitió la
identificación de los patrones de precios, los márgenes de
comercialización, las productos de mayor rotación o venta según tipo de
producto y tipo de establecimiento, las formas de fijación de precios
del sector productivo y comercial”, de acuerdo a la información
proporcionada por la Sundecop.
Adicionalmente, explica un informe de la referida superiententencia,
se estudió cada rubro partiendo de la unidad de medida; forma de
presentación del producto; costo de producción (unitario); costo
promedio, desviación estándar y precios de venta en los distintos
eslabones de la cadena, para determinar en qué puntos se estaban los mayores niveles de especulación y la estructura de precios del mercado.
Para determinar el precio máximo de venta al público, en principio,
se fijó el precio a nivel de productor o importador (estructura de costo
o importación); luego el precio a nivel de mayorista y minorista
(utilidad promedio del sector comercial por rubro, dividido en partes
iguales).
Toda la información fue recabada a través del Sistema Automatizado de
Administración de Precios; mediante auditorías realizadas en las
empresas y por funcionarios de la Sundecop; el Banco Central de
Venezuela; el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria; la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi); el
Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Superintendencia Nacional
de Silos; Almacenes y Depósitos Agrícolas.
Compromiso y respeto a la Ley
Para dar cumplimiento a la Ley de Costos y Precios Justos, el sector
privado que elabora, importa, distribuye y comercializa los 19 productos
en los que se aplicará la primera fase del instrumento, se comprometió a respetar dicha normativa y a garantizar el abastecimiento de los mismos en los anaqueles
En una reciente rueda de prensa, la presidenta de la empresa
mayorista Makro, América Alonso, indicó que tanto el gobierno como los
empresarios del sector comercio se han puesto de acuerdo en respetar la
Ley y favorecer a la población en la distribución de los productos
contemplados en la normativa.
“Ratificamos a toda la población que todo el empresariado ha cumplido
y está cumpliendo con las disposiciones del gobierno y que, a partir
del 1º de abril, todos estaremos con nuestros precios definidos por la
Ley en nuestros anaqueles. Lo más importante es que garantizamos el abastecimiento de todos esos productos para la población”, recalcó Alonso.
De igual forma, la presidenta de la Cámara Venezolana de la Industria
de Cosméticos y Afines (Caveinca) Maritza Dorta, en recientes
declaraciones difundidas por la Sundecop a través de un boletín de
prensa, expuso el compromiso que tienen con el país todas las empresas
afiliadas a dicha organización y manifestó que mantendrán abastecido el
mercado.
“Las empresas de la cámara tienen más de 60 años en el país, estamos dispuestos a acatar las normas y la Ley”, detalló Dorta.
Por su parte, el presidente de Procter & Gamble para la región
Andina, Marcio Andreazzi, declaró su compromiso “con el cumplimiento de
las normas y el abastecimiento”, además de su deseo de continuar
operando en el país.
Asimismo, Nelson Tellera, gerente general de Revlon, manifestó su
interés en incorporarse a las normativas para continuar en el mercado
venezolano, de acuerdo con la referida nota, disponible en la página web
de la Sundecop.
Participación del Poder Popular
Una vez publicada la Ley de Costos y Precios Justos, la organización
popular a través de los consejos comunales, se organizaron para leer,
discutir y debatir la normativa, con la finalidad de hacer cumplir las
normas y participar en la fiscalización, denuncia y difusión de la nueva
Ley.
En ese sentido, este martes 29 y miércoles de marzo, más de 150
voceras y voceros, seleccionados por sus comunidades en todo el
territorio nacional, participaron en el primer Taller Nacional de
Formación para Voceras y Voceros de Consejos Comunales para el
conocimiento de la Ley de Costos y Precios Justos, informó la Sundecop.
Carmen de Olivero, vocera y contralora social del Estado Guárico,
resaltó que el taller le brindó mayores herramientas, técnicas y
legales, para defender y garantizar la aplicación de la nueva normativa.
“El poder popular, tanto en Guárico como en el resto del país, frenará a
los especuladores que juegan con el sueldo del pueblo-usuario”,
aseveró.
Por su parte, Gilberto Becerra, vocero del Consejo Comunal U16,
parroquia Caña de Azúcar del estado Aragua, ve con buenas expectativas
la aplicación de la Ley. Exhortó a todos los venezolanos a denunciar,”y
darle la espalda a los establecimientos y comerciantes que incumplan los
nuevos precios establecidos”.
También Juliana Brito, integrante del consejo comunal de la zona
indígena San Abril II, del estado Amazonas, enfatizó el derecho del
pueblo, aún en las regiones más remotas, de tener acceso a bienes y servicios de calidad y a precios accesibles.
“El sistema capitalista se aprovecha de cualquier oportunidad para
incrementar su ganancia y, desgraciadamente, la poca distribución de los
artículos en el estado Amazonas encarece el precio de todo”, explicó.
La superintendente Karlín Granadillo, acotó que desde este domingo,
no sólo el poder popular organizado estará desplegado en las calles para
hacer cumplir las leyes, sino que se sumarán 92 fiscales de la
Sundecop, los cuales fueron capacitados en temas relacionados a la
fiscalización de comercios, contabilidad, economía internacional,
procedimientos para levantar expedientes, entre otros temas.
Además de fiscales del Instituto para la Defensa de las Personas en
el Acceso a los Bienes y Servicios y la Guardia Nacional Bolivariana
(GNB).
Para formalizar denuncias por irregularidades en los
precios establecidos, los usuarios pueden realizarlas a través del
número telefónico 0800-RECLAMA 0800(7325262).
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