(Caracas, 14
de mayo de 2013) El Ministerio Público acusó
al exfuncionario de la extinta Dirección General de Policía (Digepol), Homero
Sánchez Araujo (65), por su presunta responsabilidad en la muerte de la joven
estudiante Eslaida Vásquez, ocurrida el 29 de julio de 1973, en Tinaquillo,
estado Cojedes.
Los fiscales 8°, 39° y 80° nacionales, junto a la 83° del
área metropolitana de Caracas con competencia en Derechos Fundamentales, Mery
Gómez, Juan Carlos Tabares, Elvis Rodríguez y Alba Martínez, respectivamente, acusaron
al sexagenario por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado
con alevosía y por motivo fútil, quebrantamiento de pactos y convenios
internacionales suscritos por la
República, y uso indebido de arma de guerra.
Los representantes del Ministerio
Público solicitaron al Tribunal 1° de Control de Cojedes que admitiera
la acusación y los medios de prueba ofrecidos y que se ordenara el
enjuiciamiento del exfuncionario policial, quien permanece recluido en la sede
principal de la policía regional.
De acuerdo con la investigación, el
día antes citado, funcionarios de la extinta Digepol, entre ellos Homero
Sánchez, llegaron a la residencia de Vásquez, ubicada en Tinaquillo, y sin
mediar palabras le habrían efectuado un disparo a la luchadora social.
Al notar que la víctima seguía con
vida, Sánchez la habría asfixiado causándole la muerte de manera inmediata.
Luego de varios procedimientos
coordinados por el Ministerio Público, el exfuncionario de la Digepol fue detenido por
efectivos de la
Guardia Nacional Bolivariana el pasado 1° de marzo en los
Valles del Tuy, estado Miranda, en virtud de una orden de aprehensión
solicitada por los fiscales y acordada por el Tribunal 1° de Control de
Cojedes.
Eslaida
Vásquez Rojas nació en 1957, en Aroa, estado Yaracuy, convirtiéndose con el
transcurrir de su adolescencia en una luchadora social por la causa de los
sectores más humildes en esa región.
Conviene destacar que este es uno de
los casos investigados por el Ministerio Público, relacionado con las
violaciones de derechos humanos ocurridas entre los años 1958 y 1998.
Vale recordar que la fiscal general
de la República,
Luisa Ortega Díaz, constituyó una comisión dirigida por la directora de
Protección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, María Mercedes
Berthé; y conformada por fiscales de esa dependencia, asesores y expertos de la Dirección de Asesoría
Técnico-Científica e Investigaciones y de la Unidad Criminalística
contra la Vulneración
de Derechos Fundamentales, quienes fortalecen las investigaciones en dichos
casos.
Fuente: Ministerio Publico
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