A
partir del 1 de enero China dejará por completo de utilizar para
trasplantes órganos procedentes de presos ejecutados. Desde esa fecha,
los órganos que se necesiten procederán exclusivamente de donaciones
voluntarias de los ciudadanos, ha asegurado el exviceministro de Sanidad
chino, Huang Jiefu, responsable del Comité Nacional de Donaciones de
Órganos, en declaraciones en un seminario recogidas por los medios oficiales chinos.
Pese a la polémica que
suscita, y las críticas que ha recibido de organizaciones
internacionales, la práctica de extraer los órganos de los ejecutados
está muy extendida en China, ante la falta de donaciones voluntarias.
Cada año hay 300.000 pacientes en el país que necesitan un trasplante,
pero apenas se practican 10.000 intervenciones, según explicó Huang.
La proporción de
donantes en China, el país más poblado del mundo con 1.340 millones de
personas, es de 0,6 por millón de habitantes. En comparación, afirma
Huang, en España ese índice es de 35 por millón. La falta de entusiasmo
chino puede atribuirse, entre otros factores, al arraigo de la creencia tradicional
en la reencarnación. Muchos exigen ser enterrados con todos sus
órganos, ya que creen que les harán falta en la siguiente vida. A ello
se suma la desconfianza que suscita un sector susceptible a la
corrupción y a las malas prácticas, que genera un pingüe negocio ilegal
de tráfico de órganos, incluso por Internet.
En 2007, el Gobierno prohibió el trasplante de órganos procedentes de
personas vivas —excepto en el caso de familiares cercanos— y el comercio
de órganos.
“No podemos negar que
hay dos razones detrás del lento desarrollo de la donación de órganos en
China”, afirmó Huang. “Además de la falta de entusiasmo debida a la
mentalidad tradicional, a la gente le preocupa si los órganos se
adjudicarán de manera justa, abierta y transparente” a los pacientes que
lo necesiten, explicó el alto cargo.
No es la primera vez que el Gobierno chino, y en concreto Huang, asegura que pondrán fin a la extracción
de órganos de los ejecutados. El año pasado, el exviceministro ya
prometió que esa práctica se extinguiría gradualmente en un plazo de dos
años a partir de noviembre de 2013 y sería sustituida por un programa
de donantes voluntarios, que se puso en marcha en 2010. Según las cifras
facilitadas por los medios oficiales chinos, 38 centros de los 169
autorizados para trasplantes ya rechazan los órganos procedentes de
presos sometidos a la pena capital, y este año se han recibido 1.500
donaciones, más que la suma de las obtenidas entre 2010 y 2013.
China mantiene en
secreto el número de presos que ejecuta cada año. En un informe
publicado en octubre, la organización pro derechos humanos Dui Hua, con
sede en San Francisco (EE UU), calculaba que el año pasado fueron 2.400,
un 20% menos que en 2012. La República Popular ejecuta, según esta
organización, a más presos que el resto del mundo junto, aunque la cifra
ha disminuido gradualmente desde 2007.
Las organizaciones de derechos humanos consideran la extracción
de órganos de presos ejecutados una forma de abuso y denuncian que las
autoridades chinas presionan a los condenados a muerte para que
autoricen la donación, o utilizan los órganos sin el consentimiento de
los fallecidos o de las familias de éstos. El Gobierno siempre lo ha negado.
En un artículo
publicado en 2012 en la revista especializada británica The Lancet, y
del que Huang era uno de sus autores, se aseguraba que “el 65% de los
trasplantes que se llevan a cabo en China proceden de personas
fallecidas, y de éstos el 90% provienen de prisioneros ejecutados”.
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