La corte accedió a la solicitud del gobierno de levantar la orden del 15 de marzo del juez estadounidense James Boasberg, con sede en Washington, que había bloqueado temporalmente las deportaciones sumarias bajo la invocación por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros, mientras continúa el litigio en el caso.
Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo para deportar rápidamente a los presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua, intentando acelerar las deportaciones con una ley conocida por su uso para internar a inmigrantes japoneses, italianos y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
En una impugnación legal gestionada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), un grupo de hombres venezolanos bajo custodia de las autoridades de inmigración estadounidenses presentó ese mismo día una demanda en nombre propio y de otras personas en situación similar, buscando bloquear las deportaciones. Argumentaron, entre otras cosas, que la orden de Trump excedió sus facultades, ya que la Ley de Enemigos Extranjeros solo autoriza las deportaciones cuando se declara una guerra o Estados Unidos ha sido invadido.
La Ley de Enemigos Extranjeros autoriza al presidente a deportar, detener o imponer restricciones a personas cuya principal lealtad sea hacia una potencia extranjera y que puedan representar un riesgo para la seguridad nacional en tiempos de guerra.
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