Entró en
vigencia la nueva Ley de Orgánica de Precios Justos y su organismo base: la
Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos
(SUNDDE), conformado por los antiguos Indepabis y Sundecop, según se explica en
la Gaceta Oficial Número 40.340 del viernes 23 de enero de 2014.
La nueva Ley de Precios Justos tiene como objetivo asegurar el desarrollo
armónico, equitativo, productivo y soberano, de la economía nacional a través
de la determinación de precios de bienes y servicios mediante el análisis de
las estructura de costos.
Con este
texto legal se logrará una mayor eficacia política y calidad revolucionaria en
la construcción del socialismo.
La Ley defenderá, protegerá y salvaguardará, los
derechos e intereses individuales, colectivos y difusos, en el acceso de las
personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades, así
como la protección al pueblo del acaparamiento, especulación, boicot, usura,
desinformación y cualquier otra forma de vulneración socioeconómica.
Quedan sujetos a la aplicación de esta Ley todos
aquellos que desarrollen actividades económicas en el territorio venezolano,
incluyendo las que se realizan a través de medios electrónicos.
También con la entrada en vigencia de la Ley se
creó la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos (SUNDDE) que tendrá como primera atribución el ejercicio de la
rectoría, supervisión y fiscalización en materia de estudios, análisis, control
y regulación de costos y determinación de márgenes de ganancias y precios.
El nuevo instrumento jurídico estatuye la anunciada
fusión de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop) y el
Instituto para la Defensa y el Acceso de las Personas a los Bienes y Servicios
(Indepabis), para fortalecer la lucha contra la guerra económica, explicó Nicolás
Maduro.
La nueva SUNDDE, diseñará, implementará y evaluará
coordinadamente, los mecanismos de aplicación, control y seguimiento para el
estudio de costos y determinación de márgenes de ganancias, razonables
para fijar precios justos, así como la supervisión, control y aplicación de la
ley.
Otra de sus atribuciones es la ejecución de los
procedimientos de supervisión, control y verificación, inspección y
fiscalización que garanticen el cumplimiento de la Ley, así mismo la emisión de
certificados de precios justos.
La SUNDDE realizará el análisis, control regulación
y seguimiento de las estructuras de costos y determinará el precio justo en
cualquiera de los eslabones de la cadena de producción o importación. Además, fijará
los márgenes máximos de los cánones de arrendamiento de los locales comerciales
y determinará la ganancia máxima de los sujetos de la aplicación de esta
Ley, entre otros.
También inspeccionará, fiscalizará y tramitará los
procedimientos administrativos correspondientes, además de imponer las sanciones
contempladas en la ley.
La Revolución Bolivariana, mediante la
determinación de precios justos de los bienes y servicios, logrará el desarrollo armónico de la economía
criolla.
Cabe destacar los artículos 6 y 7 de la nueva Ley
de Precios Justos los cuales se refieren a la firma de un contrato de fiel
cumplimiento “que contendrá la obligación de cumplir estrictamente con el
objeto y uso para el cual fueron solicitadas las divisas”; y la potestad de iniciar
un proceso expropiatorio cuando se hayan cometido ilícitos económicos y
administrativos (de acuerdo a lo establecido por el artículo 114 de la
Constitución Nacional).
Además, el artículo 10 donde se señala que las
funcionarias y funcionarios que ejerzan actividades de inspección o supervisión
serán de libre nombramiento y remoción (conforme a la Ley del Estatuto de la
Función Pública).
La SUNDDE estará dirigida por la Superintendenta
Andreina Tarazón, joven revolucionaria, quien desde mayo del 2013 se desempeña
como Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.
La acompañarán, Karlín Granadillo, en la
Intendencia de Costos, Ganancias y Precios Justos y el Mayor General (M/G) Luis
Motta Domínguez, en la Intendencia de Protección de los Derechos
Socioeconómicos.
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