La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se reunió este miércoles 25 de julio con la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, con el objetivo de afinar todos los detalles relacionados con el venidero proceso comicial del 7 de octubre, para que tales elecciones se realicen con total tranquilidad.
En ese sentido, la máxima representante del Ministerio Público (MP) precisó que en la reunión se trató todo lo relativo a las elecciones presidenciales con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del voto, con apoyo de las instituciones que de alguna manera deban participar en el proceso y diseñar sus políticas a tono con lo que establezca el CNE.
Explicó que corresponde al MP abordar cualquier situación delictiva, faltas o ilícitos electorales “antes, durante y después” de las elecciones presidenciales.
Por ello se coordinó con la máxima autoridad comicial la participación que tendrán los más de 1.200 funcionarios del MP (directores, subdirectores y fiscales principales y auxiliares) en el simulacro previsto para el domingo 5 de agosto.
La Fiscal General destacó la labor realizada por el MP que desde febrero del presente año ha formado y capacitado a aproximadamente 10 mil funcionarios, especialmente a los del Plan República, para que tengan claridad de cuándo se está en presencia de algún hecho irregular en el proceso electoral para que “el abordaje de cualquier situación que pueda ser constitutiva de ilícito electoral se haga en forma integral; pero en el Ministerio Público esperamos que ese tipo de hechos no ocurran”.
Consultada por los periodistas sobre cuáles acciones pueden ser tipificadas como irregulares en el proceso electoral, dijo que existe un catálogo de delitos y faltas que pueden ocurrir antes, durante y después del acto comicial, entre ellas falsificar un documento de identidad para ejercer el sufragio; destruir un equipo de votación o forjar un acta del proceso, entre otras.
Aclaró que el estamento legal prevé alrededor de una gama aproximada de 70 casos que pueden ser considerados como delitos electorales.
Asimismo, puso a la orden la capacidad del MP para que todas las instituciones del Estado que requieran formar a su personal sobre las acciones a tomar ante la presunción de un delito, falta o ilícito electoral lo soliciten, pues la institución está dispuesta a prestar ese apoyo, todo en función de que el proceso electoral ocurra en paz.
Respecto a algunos de los hechos violentos en la campaña, indicó que se han iniciado las investigaciones para determinar qué es lo que corresponde de acuerdo con la ley.
Salida de la CIDH
Con relación al anuncio del Presidente de la República de retirar a Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acotó que esa decisión es facultativa del Ejecutivo Nacional y no del MP.
Sin embargo, recordó que tal determinación se tomó a raíz de la sentencia de dicha Corte de favorecer a Raúl Díaz Peña, quien colocó artefactos explosivos en las sedes diplomáticas de España y Colombia, ubicadas en Caracas.
Luego que un tribunal condenó a Díaz Peña a 9 años y 4 meses de prisión, se le otorgó una medida cautelar, pero el hombre se marchó del país y acudió a esa institución del sistema interamericano.
Por ello, Ortega Díaz lamentó este tipo de sentencias emitidas por la CIDH, debido a que ponen en tela de juicio su imparcialidad y su sincera preocupación por los derechos humanos en la región.
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