(Caracas, 20 de septiembre de 2017) El Ministerio Público logró la medida privativa de libertad para la exfiscal 16ª del segundo circuito del estado Bolívar, Marvelys Doriana Golindano (37), por presuntamente haberse valido de su investidura como funcionaria pública para coaccionar a una mujer y obligarla a salir de su hogar por motivos personales.
Esta situación irregular fue denunciada por la víctima el 9 de agosto de 2016 ante el Ministerio Público en Ciudad Guayana, estado Bolívar.
En la audiencia de presentación, la fiscal 2ª y auxiliar de derechos fundamentales de esa jurisdicción, Yoniray Lugo y Danny Sambrano, respectivamente, en conjunto con Leandra Torres, fiscal 4ª contra la corrupción de Bolívar, imputaron a la exfuncionaria como coautora en los delitos de trato degradante, privación ilegítima de libertad, así como violación al domicilio.
Los referidos delitos están tipificados en la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, además del Código Penal.
Al mismo tiempo, fue imputada por tráfico de influencia y prevaricación, previstos en la Ley contra la Corrupción; igualmente por asociación, establecido en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Ante los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, el Tribunal 2° de Control de Puerto Ordaz dictó la medida de privativa de libertad contra Golindano, quien permanece recluida en la sede de la Policía Municipal de Caroní, ubicada en el sector Caura, parroquia Unare de Puerto Ordaz.
Golindano fue detenida el pasado 13 de septiembre, tras una orden de aprensión solicitada ante el mencionado juzgado por las mencionadas fiscales.
Efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ubicaron a la exfiscal en un local situado en el Centro Comercial Alta Vista de Puerto Ordaz, gracias a la labores de rastreo telefónico, coordinadas por los expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales.
La citada aprehensión se produjo a raíz de las averiguaciones adelantadas por la Fiscalía 2ª de derechos fundamentales, en conjunto con la Fiscalía 4ª contra la corrupción de esta entidad federal desde el año 2016, las cuales permitieron presumir la complicidad de la exfiscal en los delitos que ella misma investigaba, debido a sus intereses personales.
Tales irregularidades datan de 2014, año en el que la víctima acude al despacho de Golindano para denunciar hechos de violencia física, psicológica y patrimonial cometidos por su esposo; todas estas causas fueron sobreseídas por la exfiscal, dada la relación sentimental que sostenía con el hombre.
En agosto de 2016, la víctima acude nuevamente a la institución garante de la legalidad en el país para denunciar que cinco funcionarios de la Policía del municipio Caroní habían ingresado a su casa sin orden de allanamiento y sustrajeron la cantidad de 5.700 dólares, un anillo de brillantes y una cadena de oro.
Por ello, el Ministerio Público imputó a los agentes policiales Gerson Maíz, Andreina Soles, Francisco Tovar, Argenis Contreras y Peter Pérez, quienes aseguraron haber recibido una llamada telefónica de Golindano el 7 de junio de 2016 para forzar la salida de la víctima de su hogar.
Después de un año y tres meses, la afectada pudo regresar a su residencia, gracias a una medida de protección solicitada por la fiscal 3ª para la defensa de la mujer de Bolívar, Madelein Saavedra.
Entretanto, funcionarios del Sebin y del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana se encuentran en la búsqueda del hombre, en virtud de su presunta vinculación con este hecho.
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