(Caracas, 25 de febrero de 2015) La
fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio
Público imputó al efectivo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Javier
Mora Ortiz (23), por su presunta vinculación con la muerte de un adolescente de
14 años de edad, hecho ocurrido este martes 24 de febrero en el sector Barrio
Obrero de San Cristóbal, estado Táchira, donde se escenificaron manifestaciones
desde tempranas horas de la mañana.
Así
lo dio a conocer en el segmento de entrevistas del Noticiero Venevisión, donde
agregó que los fiscales 85° nacional en materia de Protección de Derechos
Fundamentales y 79° nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Harvey Gutiérrez y Dilcio Cordero,
respectivamente, imputaron al policía por presuntamente incurrir en los delitos
de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles con un agravante
previsto en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes,
uso indebido de arma orgánica y quebrantamientos de pactos y convenios
internacionales suscritos por la República.
La
audiencia de presentación se llevó a cabo ante el Tribunal 4° de Control,
instancia que a solicitud del Ministerio Público acordó la privativa de
libertad contra Mora Ortiz, quien permanecerá detenido en el Centro
Penitenciario de Occidente.
En
el mismo segmento, Ortega Díaz lamentó la muerte del adolescente e hizo llegar
sus palabras de condolencia y solidaridad a la familia del joven.
Asimismo,
aprovechó para hacer un llamado a la paz, a la tranquilidad, a la tolerancia y
a la sindéresis ante los hechos de violencia que se han registrado durante la
última semana en el estado Táchira.
“Hago
un llamado a todo el pueblo venezolano y a los cuerpos policiales a actuar
moderadamente, con control y evitar las acciones de violencia, recordemos que
el año pasado se desató en el país una ola de violencia con las llamadas
guarimbas, que dejaron como resultado 43 venezolanos muertos, entre ellos, un
fiscal del Ministerio Público”, puntualizó la Fiscal General.
Tras
ser consultada sobre el uso de armas por parte de cuerpos de seguridad durante
las manifestaciones, recordó que el artículo 68 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela prohíbe su utilización para controlar este
tipo de situaciones.
Adicionalmente,
precisó que por las manifestaciones ocurridas durante las últimas horas en Táchira,
hay nueve personas detenidas, las cuales serán presentadas en las próximas
horas ante los tribunales respectivos.
En
el caso de los cinco jóvenes que han muerto desde el viernes 20 de febrero hasta
la fecha, Ortega Díaz explicó que los fiscales, desde el mismo momento en que
se produce el fallecimiento de una persona por causas violentas, inician una
investigación.
Rogatoria a banco suizo
En
relación con las denuncias que señalan a algunas personas con depósitos en
dólares en una filial del banco suizo HSBC, la Fiscal General indicó que el
Ministerio Público envió una rogatoria a esa entidad financiera para que
informe qué funcionarios públicos venezolanos poseen cuentas en dicha
institución.
Por
otro lado, al preguntársele sobre si está previsto que el Ministerio Público
solicite una orden de aprehensión contra la exdiputada María Corina Machado por
la investigación que se le sigue, dijo que pareciera que “hay personas que
andan desesperadas porque las detengan, para luego, defenderse a través de los
medios de comunicación”.
“Yo
hago un llamado a todos los venezolanos a la ponderación y la sindéresis, para
que no asuman posiciones como éstas, que persiguen crear angustias”, agregó.
Ante
esta situación, la máxima autoridad del Ministerio Público advirtió que las
defensas se deben realizar ante un tribunal y no mediáticamente, porque, a
su juicio, ello genera expectativas
negativas que van en detrimento de la paz.
Reiteró
que actualmente hay voceros políticos que hacen cruzadas a nivel internacional
y la defensa ya no la hacen ante los tribunales o el Ministerio Público, como
es el deber ser.
“Ahora
las defensas de las personas que son imputadas por cometer un delito, cuando el
Estado venezolano ejerce el poder punitivo, se hacen internacionalmente. Es
decir, que Venezuela no podrá intentar ni ejercer una acción penal en el marco
de su soberanía, porque entonces hay una campaña internacional para atacar a
las instituciones y el sistema de justicia del país”, señaló Ortega Díaz.
Respecto
a la versión de que existe un sitio localizado en los sótanos del Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el cual algunos sectores han
denominado como “la tumba”, Ortega Díaz calificó el término como una
exageración con tintes políticos que tiene la intención causar horror y
estupor.
Acotó
que envió un director del Ministerio Público para evaluar esa situación y
sugirió que para despejar cualquier duda se podría invitar a los periodistas
para que constaten in situ la veracidad de lo que se dice.
“Si
ese fuese el caso del Ministerio Público, yo inmediatamente invitaría a los
periodistas para que constaten esas informaciones, para que vean la
transparencia”, finalizó la Fiscal General.
Fuente: Ministerio Público
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