Por otra parte, la Defensora del Pueblo se refirió a la decisión adoptada por el Máximo Tribunal del país, el cual el día de ayer ordenó a la Promotora Parque La Vega reubicar a las 150 familias de ese complejo habitacional, por considerar que sus derechos a la vivienda digna, vida y salud están en riesgo.
Al respecto, Ramírez afirmó que “sólo acudimos a la interposición del amparo por derechos colectivos y difusos ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cuando se extingue la fase de diálogo. Se hicieron todos los intentos para generar un acuerdo en beneficio de las partes involucradas en este tema e, incluso, iniciamos una intervención defensorial a través de la magistratura de la persuasión, pero el diálogo fue infructuoso, simplemente porque esta empresa se negó a responder de manera seria y responsable”.
Señaló que la Promotora Parque La Vega ha paralizado algunas obras que debieron iniciarse el 6 de enero, atribuyendo la suspensión de las mismas a las medidas de protección que se han dictado sobre este conjunto residencial.
Al respecto, la Defensora del Pueblo alegó que la orden del TSJ fue dictada apenas el día de ayer y que esta empresa tiene cinco días para presentar su plan de reubicación de estas 150 familias, pero que estas obras se habían suspendido mucho antes y así fue expresado por los trabajadores en una mesa de trabajo que se realizó la semana pasada con el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis).
“Se ha jugado a la manipulación de querer parecer que se está trabajando de manera seria, pero nosotros sabemos que hubo desde un principio una resistencia a asumir la responsabilidad sobre este tema”, dijo la Defensora del Pueblo.
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