El gobierno de Uruguay anunció este miércoles su
intención de presentar al Congreso un proyecto de ley para asumir el
control sobre la producción y distribución de la marihuana.
Según las autoridades uruguayas, la medida
buscaría, entre otros, contrarrestar el consumo de drogas más dura y
adictivas, como la pasta base de cocaína, asociada al aumento de la
delincuencia juvenil.
La propuesta, que fue presentada por
el ministro de Defensa del país, Eleuterio Fernández Huidobro, está
incluida en un paquete de 15 medidas para combatir la inseguridad.
Según informó Fernández Huidobro, la droga sería
vendida sólo a usuarios adultos registrados, aunque no dio más detalles
de cómo se implementaría el plan.
Medios locales aseguraron que, como sucede en
Holanda, el Estado será el encargado de vender marihuana en locales
habilitados, en los que se llevará un registro de consumidores para
impedir conductas adictivas. Asimismo, el precio de la marihuana podría
ser tarifado por el gobierno e incluiría impuestos que se destinarán a
financiar los tratamientos para rehabilitación de adictos.
Para justificar la postura del Ejecutivo de José
Mijica, Fernández Huidobro explicó que de los consumidores habituales
de marihuana en Uruguay -entre 127.000 y 150.000 personas- el 45% son
jóvenes y muchos de ellos adolescentes.
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| El Ejecutivo de José Mijica cree que con la medida bajará la delincuencia. |
Según el ministro, el gobierno también ha tomado
en consideración los tratados internacionales suscritos por Uruguay,
las relaciones con sus vecinos y "los temas diplomáticos que hay que
tener en cuenta para un paso de esta naturaleza, hasta que la
legalización de esta droga sea internacional".
"El consumo ya está despenalizado", dijo Fernández.
La intención del gobierno uruguayo es generar un debate público antes de la aprobación de la propuesta.
"Pensamos que la prohibición de ciertas drogas
le está creando más problemas a la sociedad que la droga misma, como es
visible en países vecinos y no tan vecinos", señaló Fernández.
Además, anunció que "va a ser política exterior del Uruguay la lucha por la legalización".
La medida, que había sido anticipada este
miércoles por la prensa local, fue cuestionada por la oposición, que
considera que solo agravaría el consumo de estupefacientes y que es una
forma errónea de atacar el problema de la inseguridad.
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