Por definición, el PIB (Producto Interno
Bruto) no es más que la suma total de todos bienes y servicios que
produce un país (medidos en dólares $USD), producidos por empresas
nacionales y extranjeras, dentro del territorio nacional de dicho país,
que se registran dentro de un determinado período de tiempo,
generalmente un año.
El PIB forma parte de un conjunto de
indicadores, diseñado por el sistema capitalista, que en principio da un
perfil económico de dicho país, sobre la cantidad de inversión
realizada en un período de tiempo, pero que dice muy poco o nada, sobre
cómo fue desarrollada dicha inversión, cuánto queda en el país de las
ganancias derivadas y menos de los factores sociales y laborales
involucrados.
Se trata de un indicador económico que
no toma en consideración el componente social y laboral comprometido en
el diseño y desarrollo de las inversiones de un país. Además, para su
cálculo sólo toma en consideración empresas consolidadas, dejando por
fuera las microempresas, artesanías, empresas familiares, economías
informales o alternativas (buhonería).
Al igual que la mayoría de los
indicadores económicos convencionales hijos del capitalismo, este PIB
tampoco toma en consideración en su formulación, la distribución
geográfica de los proyectos, empresas, sectores de producción, así como
sectores laborales y sociales considerados y mucho menos el impacto
ambiental ocasionado.
Tampoco nos dice algo sobre los capitales comprometidos en el cálculo de propio indicador: origen, condición.
Cuando este indicador es dividido por el
número de habitantes del país, nos da otro indicador conocido como PIB
per cápita (renta per cápita o ingreso per cápita). La frase ingreso per
cápita (ingreso por habitante) pretende inducir la idea de que este es
el monto que le correspondería a cada habitante de dicho país como
ingreso. Nada más alejado de la realidad, ya que como sabemos, en la
inmensa mayoría de los países del “tercer, cuarto y quinto mundo”, el
mayor porcentaje de las inversiones es propiedad de “capitales
golondrinas”, que sólo dejan hambre, miseria y devastaciones ambientales
en los países en los que se posan.
A lo que hay que agregarle que las
inversiones que hacen los gobiernos de esos países, en su mayoría
corresponden a créditos del FMI (Fondo Monetario Internacional), los
cuales siempre vienen acompañados con medidas económicas estranguladoras
de pueblos. Es decir, en cualquier caso, este dinero pertenece a
empresas transnacionales, a capitales golondrinas o, peor aún, al FMI.
Jamás al pueblo, que es en definitiva el que pone la fuerza laboral.
Afortunadamente en nuestra querida Venezuela, hemos eliminado la
dependencia del FMI, gracias a nuestro proyecto socialista.
Por otra parte, el PIB es un Indicador
económico con el que el Fondo Monetario Internacional ha establecido una
tabla, en la que aparecen jerarquizados 179 países (año 2009), de mayor
a menor PIB, siendo USA el de mayor PIB. En esta tabla, nuestro país
ocupa el puesto N.º 27, por encima de países como Argentina, Sudáfrica,
Irán, Colombia, Finlandia, Portugal, Israel, Hong Kong, Egipto,
Bielorrusia, Rumania, Chile, Perú, Kuwait, Marruecos, Libia, Ecuador,
Siria, entre otros. Esto no debe ni alegrarnos ni preocuparnos, porque
como su nombre lo dice, se trata de un indicador “bruto”.
Sin embargo, con todas estas
características negativas, este PIB es una de las tres variables
consideradas para la formulación de otro indicador: el IDH (Índice de
Desarrollo Humano), el cual “pretende” medir la calidad de vida de los
ciudadanos de un país. Como vemos, estos indicadores como el IDH, el PIB
y otros, dejan mucho que desear, en cuanto a su supuesta capacidad para
darnos una idea acertada sobre el desarrollo integral de un país.
Todo esto nos lleva a pensar en la
necesidad urgente de diseñar en nuestro país, nuestros propios
Indicadores Socioeconómicos que en su formulación tomen en consideración
todas las variables necesarias, tales como: producción,
diversificación, geodistribución, impacto ambiental, dignificación del
recurso humano, calidad de vida, educación, salud, tecnología,
desarrollo endógeno, sustentabilidad de los proyectos, incorporación de
todos los sectores socioproductivos, valor agregado nacional, entre
otros. Es una tarea que deben desarrollar las escuelas de economía de
nuestras universidades, conjuntamente con el Instituto Nacional de
Estadística (INE) y Ministerio de Planificación y Finanzas. Además,
estos nuevos indicadores deben tener un alcance y validez a nivel de los
países del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América) y de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas).
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