El Ministerio Público imputó al relacionista industrial Julio Romero
(35), por presuntamente haber inyectado biofil (derivado de los
biopolímeros) en los glúteos a una joven de 22 años, hecho ocurrido el
20 de octubre de 2012, en un centro estético, ubicado en el centro
comercial Ciudad Alta Vista II, Puerto Ordaz. Por este caso, la médico
oncólogo infantil, Maripili Vizcaya (45), fue imputada por su presunta
complicidad en el delito.
En la audiencia de presentación, la fiscal 2º del segundo circuito de la referida jurisdicción, Emily Hernández, imputó a Romero por la presunta comisión de los delitos de lesiones gravísimas culposas, en grado de coautoría; importación de bienes nocivos para la salud, contrabando y ejercicio ilegal de la medicina.
Asimismo, se le imputó a Vizcaya los citados delitos, pero el de lesiones gravísimas culposas, en grado de complicidad y, adicionalmente, el de peculado doloso propio.
De acuerdo con los elementos de convicción presentados por la representante del Ministerio Público, el Tribunal 5º de Control de Puerto Ordaz dictó medidas cautelares para Romero y Vizcaya, consistentes en la presentación periódica cada 30 días, prohibición de salida del país y estar atentos al llamado de la instancia judicial y el despacho fiscal.
El citado día, la víctima acudió al referido centro estético para realizarse un procedimiento de aumento de glúteos, el cual fue efectuado por Romero. Posteriormente, la joven presentó fuertes malestares.
En vista de la situación, el 09 de diciembre de 2012, la persona afectada denunció antes efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, a través de la cual informó que Romero le habría inyectado en la zona de los glúteos, una sustancia denominada biofil.
Una vez iniciada la investigación, se llevó a cabo un allanamiento en dos centros estéticos ubicados en Puerto Ordaz, donde trabajaba el hoy imputado.
De esta manera, en el centro estético Cristal, el cual es propiedad de Vizcaya, se localizó ácido hialurónico y se incautaron equipos médicos que no tenían la respectiva documentación; al igual que medicamentos pertenecientes al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cuya venta está prohibida.
En la audiencia de presentación, la fiscal 2º del segundo circuito de la referida jurisdicción, Emily Hernández, imputó a Romero por la presunta comisión de los delitos de lesiones gravísimas culposas, en grado de coautoría; importación de bienes nocivos para la salud, contrabando y ejercicio ilegal de la medicina.
Asimismo, se le imputó a Vizcaya los citados delitos, pero el de lesiones gravísimas culposas, en grado de complicidad y, adicionalmente, el de peculado doloso propio.
De acuerdo con los elementos de convicción presentados por la representante del Ministerio Público, el Tribunal 5º de Control de Puerto Ordaz dictó medidas cautelares para Romero y Vizcaya, consistentes en la presentación periódica cada 30 días, prohibición de salida del país y estar atentos al llamado de la instancia judicial y el despacho fiscal.
El citado día, la víctima acudió al referido centro estético para realizarse un procedimiento de aumento de glúteos, el cual fue efectuado por Romero. Posteriormente, la joven presentó fuertes malestares.
En vista de la situación, el 09 de diciembre de 2012, la persona afectada denunció antes efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, a través de la cual informó que Romero le habría inyectado en la zona de los glúteos, una sustancia denominada biofil.
Una vez iniciada la investigación, se llevó a cabo un allanamiento en dos centros estéticos ubicados en Puerto Ordaz, donde trabajaba el hoy imputado.
De esta manera, en el centro estético Cristal, el cual es propiedad de Vizcaya, se localizó ácido hialurónico y se incautaron equipos médicos que no tenían la respectiva documentación; al igual que medicamentos pertenecientes al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cuya venta está prohibida.
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