La misma ocurrió durante una operación militar desarrollada por
órganos de seguridad del Estado venezolano contra un grupo de personas
pertenecientes al referido frente de luchadores sociales.
Remberto Uzcátegui Bruzual, ex director de la extinta Dirección
General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), deberá
acudir este miércoles al Ministerio Público (MP) en calidad de imputado,
por su presunta vinculación en la masacre de Cantaura, ocurrida el 4 de
octubre de 1982, en la cual murieron 23 miembros del Frente Américo
Silva.
Así lo ratificó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz,
quien informó que también deberán presentarse José Domínguez Yépez, ex
director de Inteligencia de la Disip, e Ismael Antonio Guzmán, ex
comandante del Batallón de Cazadores del Ejército Coronel Vicente Campos
Elías, por la imputación en el mismo caso.
Estas medidas se ejecutan ante el empeño del Gobierno Nacional de
devolverle la memoria histórica a los venezolanos y esclarecer los
hechos de torturas, masacre y desapariciones ocurridas en gobiernos de
la IV república por razones políticas.
Ortega Díaz recordó que el MP ha reabierto 139 expedientes por la violación de derechos humanos registrados entre 1958 y 1998.
De acuerdo con información suministrada por el MP, una vez que
Uzcátegui, Guzmán y Yépez sean imputados, adquirirán todos los derechos
consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y lo establecido en el Código Orgánico Procesal
Penal (COPP), que les permite solicitar y evacuar pruebas y
diligencias.
En ese sentido, la fiscal general resaltó: “El Estado venezolano
tiene por vocación el respeto de los Derechos Humanos” y, por lo tanto,
existen plenas garantías de proseguir todos los procedimientos legales
correspondientes para la determinación de responsabilidades en los
hechos.
La masacre de Cantaura ocurrió durante una operación militar
desarrollada por órganos de seguridad del Estado venezolano contra un
grupo de personas pertenecientes al referido frente de luchadores
sociales.
Aproximadamente unos 400 efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales y
decenas de funcionarios de la Disip atacaron un campamento y asesinaron
a hombres y mujeres, en edades comprendidas entre los 16 y los 30 años.
Las víctimas fueron: Roberto Rincón Cabrera, Emperatriz Guzmán
Cordero, Carmen Rojas García, Sor Alonso Salazar, José Núñez, Mauricio
Tejada, Enrique Márquez Velásquez, Carlos Hernández Arzola, Idemar
Castillo, Luisa Estévez Arranz, Baudilio Herrera Veracierto, José
Becerra Navarro, Eumenedis Ysoida Gutiérrez Rojas, Diego Carrasquel,
Luis Gómez, Antonio Echegarreta, Eusebio Martel Daza, Rubén Castro
Batista, Nelson Pacín Callazo, José Zerpa, Carlos Zambrano Mira, Beatriz
Jiménez y Julio Faría Mejía.
Este caso se activó debido a una solicitud realizada por familiares de las víctimas ante el Ministerio Público.
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