(Caracas, 21 de agosto de 2013) El
Ministerio Público logró privativa de libertad para el subinspector José Mariño
Mariño (41) y el detective Tonny Gómez Álvarez (27), ambos adscritos a la Brigada Nacional
de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (Cicpc), detenidos el pasado 14 de agosto en Valencia, estado Carabobo,
por presuntamente solicitarle dinero a un comerciante a cambio de no implicarlo
en supuestos delitos informáticos.
En la
audiencia de presentación, las fiscales 1º y auxiliar de esa jurisdicción, Ana
Elisa Arocha y Celia González, respectivamente, imputaron a los dos
funcionarios por la presunta comisión del delito de extorsión contemplado en el
artículo 16 de la Ley Contra
el Secuestro y la Extorsión.
Adicionalmente,
el subinspector Mariño Mariño fue imputado por la presunta comisión del delito
de porte ilícito de arma, previsto y sancionado en la Ley para el Desarme, Control
de Armas y Municiones
Tras los
elementos de convicción presentados por las representantes del Ministerio
Público, el Tribunal 5º de Control de Carabobo, dictó la medida privativa de
libertad y fijó como lugar de reclusión la sede de
la subdelegación Las Acacias, del Cicpc-Valencia.
El pasado martes
13 de agosto, el comerciante denunció ante funcionarios del Comando Nacional
Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que
desde el 9 de agosto había sido interceptado por Mariño y Gómez a la salida del
aeropuerto Arturo Michelena en Valencia.
Ante los
funcionarios del Conas, el comerciante explicó que tanto el subinspector como
el detective del Cicpc, lo amenazaban con implicarlo en supuestos delitos
informáticos, sino cancelaba la cantidad
de 2 millones de bolívares.
Una vez conocida la situación, las
fiscales del caso ordenaron el inicio de la investigación y, conjuntamente con
un equipo del Conas, comenzaron las diligencias pertinentes.
De esta manera, Mariño y Gómez fueron
aprehendidos el pasado 14 de agosto, durante un procedimiento coordinado por el
Ministerio Público y ejecutado por el referido de la GNB, mediante una entrega
controlada de dinero autorizada por el Tribunal 2° de Control de Carabobo, en
momentos en el que los dos Cicpc recibían 150 mil bolívares.
Fuente: Ministerio Publico
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