(Caracas, 18 de septiembre de 2013) Ante la acusación presentada por el
Ministerio Público, fueron condenados a
9 años y 4 meses de prisión los capitanes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
Héctor Navarro Deleón y Régulo Salas Becerra, quienes admitieron su vinculación
en el tráfico de 187 kilos con 400 gramos de cocaína decomisados el 16 de
agosto de 2008 en el punto de control fijo La Pedrera, municipio
Libertador del estado Táchira.
En la audiencia de inicio
del juicio oral y público, la fiscal 11º de la mencionada jurisdicción, Carmen
García, ratificó la acusación contra los dos militares como cooperadores
inmediatos en el delito de tráfico ilícito agravado de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas, y asociación para delinquir.
Los mencionados delitos están previstos
y sancionados en las leyes orgánicas Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y Contra la Delincuencia Organizada,
vigentes para el momento del hecho.
En tal sentido, el
Tribunal 2º de Juicio de Táchira dictó la referida condena contra Navarro
Deleón y Salas Becerra, quienes están recluidos en el área de procesados
militares del Centro Penitenciario de Occidente.
Vale señalar que por este caso
fueron condenados entre 2009 y 2012, el sargento técnico de segunda Anderson
Pérez Fernández y la distinguido Digna Contreras García a 10 años y 8 meses de
prisión; además de los sargentos José Guerrero Carvajal y su padre, Henry
Guerrero Guzmán (retirado) a 16 y 9 años de prisión; mientras que Franklin
Morillo fue condenado a 8 años de prisión.
La investigación del caso se
inició en agosto de 2008, ante la detención de Pérez Fernández y Contreras
García, quienes se trasladaban en una camioneta.
Al llegar al punto de control
fijo La Pedrera,
en Táchira, efectivos de la GNB
revisaron dicho vehículo en el cual detectaron 179 panelas de cocaína, en el
interior de un cajón de madera.
Tras la investigación se
determinó la vinculación de Morillo, los sargentos y los capitanes con el caso,
quienes empleaban carros para el transporte de drogas.
Fuente: Ministerio Publico
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