(Caracas, 21 de marzo de 2014) La fiscal general de la República, Luisa Ortega
Díaz, informó que el Ministerio Público investiga 59 casos de presuntas
violaciones a los derechos humanos y que 17 funcionarios de distintos cuerpos
de seguridad están privados de libertad, como consecuencia de esas situaciones
registradas en el país desde el pasado mes de febrero.
Así lo señaló en
el programa Justicia y Valores, transmitido este viernes 21 de marzo por el
Circuito Unión Radio (90.3 FM), durante el cual puntualizó que
la institución ha actuado para hacer que se respeten los derechos humanos,
porque el Estado procede apegado a la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y a las leyes.
Enfatizó en que no se va a
incurrir en atropellos cometidos en otras épocas, antes de 1998, cuando fueron
perseguidos, asesinados y desaparecidos miles de venezolanos, por disentir
políticamente.
Añadió que el actual Estado no
está interesado en desaparecer a nadie; y que los cuestionamientos que puedan
existir se deben realizar por la vía democrática, porque Venezuela es un pueblo
con vocación de paz.
Explicó que
la actuación del Estado tiene límites, la cual debe obedecer al principio del
respeto a los derechos humanos de quienes sean aprehendidos de manera flagrante
cometiendo delitos.
En tal sentido, señaló que los
fiscales de derechos fundamentales del Ministerio Público están desplegados por
el país, para garantizar que se investiguen las irregularidades denunciadas.
Ortega Díaz reiteró que
mediante las investigaciones se determinará si ciertamente se cometieron
vulneraciones contra los derechos humanos, lo cual indica el interés que existe
en la materia.
Agregó que hay seis
órdenes de aprehensión que están pendientes por ejecutar, “por lo que pedimos a
los cuerpos policiales que hagan efectivas estas aprehensiones”.
Recordó que por los hechos de
violencia ocurridos en el país entre febrero y marzo, 31 personas han
fallecidos, de las cuales 25 son civiles y 6 funcionarios; y 486 han resultado
lesionadas.
Adicionalmente, informó que se han
incautado 30 armas de fuego en las distintas aprehensiones realizadas durante
las acciones violentas.
Garantizó
que se hará justicia ante estas situaciones que se han generado en el país, y
que el Estado ha actuado para garantizar los derechos a la vida, la integridad
personal, la salud, educación, al trabajo y el libre tránsito.
Derecho a manifestar pacíficamente
La Fiscal General recordó que en
el artículo 68 de la Carta Magna
está contemplado el derecho a manifestar de forma pacífica. Por
mandato constitucional el Estado está obligado a reconocer ese derecho, y así
se hace.
Sin embargo, aclaró que dicho
derecho tiene limitaciones, pues la manifestación debe hacerse sin armas, sin
violencia, sin atentar contra los demás, sin impedir el libre tránsito.
De esta manera, puntualizó que todo
derecho tiene un límite, por cuanto ninguno es absoluto.
Dijo que es evidente que un grupo
minoritario, en algunos municipios, se ha
salido del esquema pacífico y ha optado por manifestar afectando los derechos
de la mayoría.
Expresó que
ante la agresión exagerada, la irracionalidad y el odio desmedido, frente a las
alteraciones de paz, y la intolerancia, se debe reflexionar y hacer
reconocimiento del derecho del otro.
Finalmente, hizo un llamado a
reivindicar la paz, a desterrar el odio, la violencia y la irracionalidad.
Fuente: Ministerio Publico
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