Policías regionales, municipales y hasta el Cicpc tienen los calabozos repletos.
La capacidad en los calabozos policiales ya se desbordó. Sólo en los de
Polimiranda, en Los Teques, hay 179 detenidos cuando debería haber 150.
Este hacinamiento se repite en la División de Capturas del Cicpc, en El Rosal, y hasta en los pasillos de las distintas dependencias de la Policía Científica en la avenida Urdaneta, donde los funcionarios deben compartir con detenidos esposados en las puertas y sillas de espera, y hasta en oficinas que ahora sirven como calabozos improvisados.
De acuerdo a lo que indicaron fuentes del Ministerio Público, la responsabilidad directa recae en el Ministerio de Servicios Penitenciarios, quien es el órgano encargado de facilitar la asignación de cupos en las cárceles del país. Como existe retraso en esta función, se alimenta más el hacinamiento.
"Es la Dirección de Seguridad, Custodia y Traslados la responsable de cada ingreso de los privados de libertad en los penales. Si no existe compromiso para atacar este problema, seguiremos acrecentando otro que tiene tiempo esperando solución", destacó la fuente.
Explicó que todo tiene un proceso, pero el retardo ya depende del MSP una vez que un juez ordena el encarcelamiento de una persona.
Por ejemplo, detalló, que un juez hace la audiencia y ordena privativa de libertad para un detenido. Luego asigna un penal específico y envía comunicación al Ministerio de Servicios Penitenciarios, para que esté al tanto de la decisión.
Seguidamente el órgano debe revisar esa asignación y evaluar si el penal a donde fue remitido el detenido tiene capacidad o no. En tal caso de que no haya espacio, está en la obligación de asignar un nuevo cupo realizando una reorganización de los internos que hay.
"Cuando estos pasos no se cumplen, lo que genera es más retardo procesal y colapso en los calabozos.
Esos espacios son de tránsito, es decir, que los detenidos no deben permanecer más de 72 horas. Sin embargo, la realidad es otra. Incluso hay detenidos que tienen hasta un año o más, solo por los acuerdos con las policías para no ser trasladados a cárceles. Esas comodidades tienen su precio, por lo cual el preso está en la obligación de cancelar altas sumas de dinero.
Posición oficial
Fuentes carcelarias explicaron que, aunque ellos tienen la potestad de asignar cupos, respetan la decisión de los jueces y cumplen a cabalidad lo que estos determinen. "Los tribunales son los encargados de otorgar los cupos, nosotros solo cumplimos ese mandato. Ahora, si es necesario mover algún privado de libertad por aspectos de seguridad, lo hacemos", detalló la fuente.
En el caso del estado Miranda y la problemática que presenta su policía regional, por ser un estado gobernado por la oposición, la fuente carcelaria expresó que "allí nos apegamos a lo que decidan los tribunales. No tenemos competencia en ese estado".
Las diversas protestas que han realizado los familiares de detenidos en Polimiranda, por colocar un ejemplo, han pasado desapercibidas por el MSP.
"Hacemos un llamado nuevamente a la ministra de Servicios Penitenciarios para que se aboque a resolver esta problemática. Todos los detenidos deben optar a su debido proceso. Aquí se pone de manifiesto el retardo procesal", refirió el familiar de un detenido en Polimiranda, durante una manifestación, la semana pasada.
Por su parte, el director de ese organismo policial, comisario Elisio Guzmán, informó que "nosotros hemos cumplido con nuestro deber, al enviar las solicitudes al ente correspondientes, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta".
Este hacinamiento en los calabozos policiales obliga a los funcionarios a bajar su nivel de desempeño en las calles, puesto que saturan los espacios de tránsito cada vez que llevan detenidos por cualquier delito.
"De la manera más informal se le está dando pasaporte al hampa para que cometa fechorías. Esto hay que frenarlo urgentemente, que se haga un exhorto al MSP para que resuelva este problema, a sabiendas de que en el país hay más de 55 mil privados de libertad", explicaron fuentes policiales.
Este hacinamiento se repite en la División de Capturas del Cicpc, en El Rosal, y hasta en los pasillos de las distintas dependencias de la Policía Científica en la avenida Urdaneta, donde los funcionarios deben compartir con detenidos esposados en las puertas y sillas de espera, y hasta en oficinas que ahora sirven como calabozos improvisados.
De acuerdo a lo que indicaron fuentes del Ministerio Público, la responsabilidad directa recae en el Ministerio de Servicios Penitenciarios, quien es el órgano encargado de facilitar la asignación de cupos en las cárceles del país. Como existe retraso en esta función, se alimenta más el hacinamiento.
"Es la Dirección de Seguridad, Custodia y Traslados la responsable de cada ingreso de los privados de libertad en los penales. Si no existe compromiso para atacar este problema, seguiremos acrecentando otro que tiene tiempo esperando solución", destacó la fuente.
Explicó que todo tiene un proceso, pero el retardo ya depende del MSP una vez que un juez ordena el encarcelamiento de una persona.
Por ejemplo, detalló, que un juez hace la audiencia y ordena privativa de libertad para un detenido. Luego asigna un penal específico y envía comunicación al Ministerio de Servicios Penitenciarios, para que esté al tanto de la decisión.
Seguidamente el órgano debe revisar esa asignación y evaluar si el penal a donde fue remitido el detenido tiene capacidad o no. En tal caso de que no haya espacio, está en la obligación de asignar un nuevo cupo realizando una reorganización de los internos que hay.
"Cuando estos pasos no se cumplen, lo que genera es más retardo procesal y colapso en los calabozos.
Esos espacios son de tránsito, es decir, que los detenidos no deben permanecer más de 72 horas. Sin embargo, la realidad es otra. Incluso hay detenidos que tienen hasta un año o más, solo por los acuerdos con las policías para no ser trasladados a cárceles. Esas comodidades tienen su precio, por lo cual el preso está en la obligación de cancelar altas sumas de dinero.
Posición oficial
Fuentes carcelarias explicaron que, aunque ellos tienen la potestad de asignar cupos, respetan la decisión de los jueces y cumplen a cabalidad lo que estos determinen. "Los tribunales son los encargados de otorgar los cupos, nosotros solo cumplimos ese mandato. Ahora, si es necesario mover algún privado de libertad por aspectos de seguridad, lo hacemos", detalló la fuente.
En el caso del estado Miranda y la problemática que presenta su policía regional, por ser un estado gobernado por la oposición, la fuente carcelaria expresó que "allí nos apegamos a lo que decidan los tribunales. No tenemos competencia en ese estado".
Las diversas protestas que han realizado los familiares de detenidos en Polimiranda, por colocar un ejemplo, han pasado desapercibidas por el MSP.
"Hacemos un llamado nuevamente a la ministra de Servicios Penitenciarios para que se aboque a resolver esta problemática. Todos los detenidos deben optar a su debido proceso. Aquí se pone de manifiesto el retardo procesal", refirió el familiar de un detenido en Polimiranda, durante una manifestación, la semana pasada.
Por su parte, el director de ese organismo policial, comisario Elisio Guzmán, informó que "nosotros hemos cumplido con nuestro deber, al enviar las solicitudes al ente correspondientes, pero hasta ahora no hemos recibido respuesta".
Este hacinamiento en los calabozos policiales obliga a los funcionarios a bajar su nivel de desempeño en las calles, puesto que saturan los espacios de tránsito cada vez que llevan detenidos por cualquier delito.
"De la manera más informal se le está dando pasaporte al hampa para que cometa fechorías. Esto hay que frenarlo urgentemente, que se haga un exhorto al MSP para que resuelva este problema, a sabiendas de que en el país hay más de 55 mil privados de libertad", explicaron fuentes policiales.
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