(Caracas, 11 de marzo de 2014) El Ministerio Público logró privativa de
libertad para tres oficiales de la policía del estado Apure, por presuntamente
ser responsables de la muerte de un niño de seis años de edad, y las heridas
causadas a Luis Garrido, hecho ocurrido el pasado 06 de
marzo de 2014, en el barrio San José, municipio San Fernando, estado
Apure.
En la audiencia de presentación, el fiscal 2º de la
referida jurisdicción, Néstor Gámez, imputó a Ángel Armando Rodríguez y a los
hermanos William y Wilmer Botello Vargas, por la comisión del delito de
homicidio calificado con alevosía en perjuicio del niño, y en grado de
frustración en relación con Garrido.
Adicionalmente,
los tres oficiales fueron imputados por asociación para delinquir.
Los
referidos delitos están previstos y sancionados en el Código Penal, y en la
Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
En ese
sentido, el Tribunal 3º de Control de Apure, con base en los elementos de
convicción expuestos por el fiscal, dictó medida privativa de libertad contra Rodríguez
y los hermanos Botello Vargas, y fijó como sitio de reclusión el Internado
Judicial de la región llanera.
El día
antes citado, Garrido, quien estaba acompañado por el niño de seis años,
colisionó su vehículo contra el automóvil de los hermanos Botello Vargas, por
lo cual se inició una discusión entre los conductores.
En
virtud de los daños causados al vehículo de los funcionarios, Garrido los llevó
a un taller para acordar los arreglos del carro; sin embargo, en el lugar se
generó una discusión.
Los
hombres habrían disparado contra el niño, quien falleció de inmediato; además
le habrían causado heridas a Garrido, quien fue trasladado al Hospital de San
Fernando donde fue atendido.
Luego
de varios procedimientos coordinados por el Ministerio Público y ejecutados por
funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas, los tres hombres fueron detenidos el 07 de marzo en su comando
en virtud de una orden de aprehensión solicitada por el fiscal y acordada por
el referido tribunal de control.
Fuente: Ministerio Publico
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