Una madrugada larga la de este viernes en la sede de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep) Zulia. Parecida a la registrada una semana atrás, cuando ejecutaron al comisario Benito Cobis, jefe del organismo adscrito a la Secretaría de Seguridad de la Gobernación del Zulia, y a su escolta, José Rodríguez, oficial del Cuerpo de Policía Bolivariano del Estado Zulia (Cpbez).
El atentado criminal sacudió los cimientos de una institución conformada por agentes fieles al gobernador Omar Prieto. Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas llegó al Zulia con instrucciones precisas por parte del general Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, y hombre fuerte del Gobierno en la entidad.
Rico, en una rueda de prensa en el Cicpc, sugirió que las primeras hipótesis sobre el ataque dejaron una estela de complicidad interna al descubierto. Y hacia allá apuntan las actuaciones.
La noche de este viernes 11 de octubre, funcionarios bajo su mando y el Comando Nacional Anti Extorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana en el Zulia, con el apoyo del general Rubén Ramírez Cáceres, director del Cpbez y reciente sustituto del comisario Danilo Vílchez en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público, allanaron la sede del Diep, en un operativo marcado por tensión, forcejeos y amenazas.
Prieto puso orden en la sede policial, conocida como Los Patrulleros, en Cuatricentenario. En el sitio declaró a medios regionales afectos a la revolución la intervención y “desarticulación” de la Diep, en el marco de las pesquisas para identificar a los presuntos responsables del asesinato del comisario y su escolta.
Las comisiones mixtas del Cicpc y la GNB requisaron a más de un centenar de funcionarios de la Diep. Con cestas en mano los despojaron de sus teléfonos móviles. Ya les habían quitado las armas en un procedimiento realizado en la cancha de la sede del organismo. Así comenzaron a llevarse a funcionarios sospechosos a la sede del Cicpc, en la vía al Aeropuerto, donde las declaraciones de algunos permitieron dar con un funcionario natural de la Costa Oriental del Lago, de apellido Morly, que sería el eslabón más fuerte en el atentado criminal.
Sus declaraciones generaron un efecto dominó y quedaron privados de libertad de manera preventiva otros cinco funcionarios, de apellidos Urdaneta, Rodríguez, Guerra y Díaz, más un supervisor en jefe de apellido Rodríguez. Al primero le allanaron la vivienda y le incautaron una camioneta de alta cilindrada a la que le estarían practicando experticias para determinar si fue en ella que se encontraban los victimarios al momento de la ejecución.
Extraoficialmente se conoció que descubrieron que entre los 210 funcionarios que integran la Diep hay un total de 76 personas con credenciales de la policía que tras averiguaciones no son funcionarios de ningún cuerpo policial.
Se maneja que la ronda de entrevistas e interrogatorios se mantiene en la sede del Cicpc, como parte de un proceso paralelo, vinculados con casos de extorsión que habría tratado de erradicar Cobis y que le habría costado la vida en manos de sus propios compañeros.
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