El día martes 13 de julio de 2010 el Senado de la República de Chile aprobó un Proyecto de Acuerdo relacionado con el venidero proceso de elecciones parlamentarias que se celebrará en septiembre de este año en la República Bolivariana de Venezuela. En dicho documento se solicita, fundamentalmente:
1) Que los organismos internacionales adopten “una actitud más vigilante con el cumplimiento de las normas básicas (…) que aseguren la integridad y la transparencia del próximo proceso electoral”; y
2) El envío de senadores chilenos como observadores electorales “para contribuir al adecuado desarrollo del proceso electoral venezolano”.
Frente a este hecho, el Poder Electoral, en ejercicio pleno de su autonomía y de sus competencias constitucionales en materia electoral, se ve en el deber de informar:
PRIMERO: Del contenido del acuerdo aprobado por el Senado de la República de Chile, se desprende un conjunto de calificaciones y toma de posiciones respecto del Estado venezolano, del Poder Electoral y del sistema electoral venezolano, que constituyen una clara injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una violación expresa de normas del derecho internacional, entre ellas, la Carta Democrática Interamericana, en su capitulo quinto;
SEGUNDO: Este Poder Público es garante del ejercicio del derecho político al voto de las y los venezolanos y garantiza el ejercicio de la democracia participativa y protagónica. Prueba de esta afirmación es la realización de múltiples eventos electorales y refrendarios realizados en nuestro país, como en ninguna otra parte del mundo.
TERCERO: El Consejo Nacional Electoral, como órgano rector del Poder Electoral, es la única institución competente para organizar, convocar y supervisar los procesos electorales venezolanos y para acreditar cualquier tipo de acompañamiento electoral internacional.
CUARTO: El Poder Electoral y el sistema electoral venezolano es uno de los más transparentes, seguros y confiables del mundo. Esto ha sido reconocido y enaltecido en el mundo por organismos electorales internacionales, al punto que el sistema electoral venezolano marcha a la vanguardia en el hemisferio, prueba de ello es la realización en Caracas de al menos tres eventos de intercambio sobre materia electoral aprobados por la Asamblea General y el Consejo Permanente de la OEA. Pero más importante que ese reconocimiento, es el que hace el propio pueblo venezolano y los actores políticos quienes participan en sus procesos con la seguridad del respeto a la expresión de su voluntad.
En atención a lo anteriormente expuesto y como muestra de nuestro rotundo rechazo, declaramos:
El acompañamiento internacional electoral y la observación nacional electoral es una potestad del Poder Electoral, inherente al ejercicio de la soberanía del Estado venezolano, y por tanto, ningún Poder, Comisión, Parlamento o actor político extranjero puede inmiscuirse sin que ello constituya una amenaza a nuestra soberanía.
El Poder Electoral, tiene dentro de su cronograma de actividades invitar a un conjunto de organismos electorales y personalidades internacionales para que nos acompañen y presencien el desarrollo del próximo proceso electoral de septiembre 2010, para que puedan evidenciar las fortalezas y transparencia del sistema electoral venezolano. Por las posiciones políticas contenidas en el acuerdo del Senado de la República de Chile se inhabilita a esos parlamentarios para participar de forma imparcial, transparente y objetiva como acompañantes internacionales electorales en este evento.
El Poder Electoral, como siempre lo ha hecho, garantiza a las ciudadanas y ciudadanos que no permitirá que ningún actor ajeno a los intereses nacionales intervenga y trate de poner en entredicho la voluntad y la disposición de los órganos del Estado venezolano para asegurar el ejercicio de la voluntad soberana de los venezolanos y venezolanas en los procesos electorales.
El Poder Electoral tramitará ante el órgano competente para las relaciones internacionales del Estado venezolano, la formalización de una protesta frente a este hecho y la entrega de este comunicado al Estado Chileno y a los demás organismos electorales internacionales.
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