“Las
clínicas deben acatar el baremo que se anunció en la Gaceta Oficial N° 40.196”,
indicó la Ministra del Poder Popular para la Salud, Isabel Iturria, en
respuesta ante las actitudes irregulares de clínicas a no querer cumplir con la
normativa dictada por el Gobierno nacional.
La
medida anunciada el pasado 26 de junio establece una lista de precios máximos
para servicios de salud en clínicas privadas, y la exigencia de notificar sus
costos y precios unitarios por los procedimientos especificados y definidos en
el catálogo; ante la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop).
“Sostuvimos
una reunión con las clínicas privadas y expusimos la situación, acordamos
aumentar el 20% del baremo establecido en el año 2012 y ahora lo convertimos en
Decreto, el cual todas las clínicas deben cumplir”, enfatizó Iturria.
“El
Gobierno garantiza la coexistencia del sector privado con el sector público,
porque el Estado venezolano contrata los servicios de estas clínicas y estamos
en el derecho y la obligación de que se cumplan con las condiciones de calidad
y accesibilidad a costos razonables”, subrayó.
Iturria
indicó que el Estado posee las instancias para aplicar la Ley. “El registro
ante Sundecop ya inició y al mismo tiempo se emitió una lista de precios
determinados que los centros de salud privado deben acatar”.
Destacó
que la medida de los precios máximos es mientras se arrojan los precios
finales; una vez que la Superintendencia levante la data de los costos y
precios unitarios.
El
siguiente paso, después de la determinación de precios justos, “es hacer
cumplir la norma en forma conjunta con las instituciones fiscalizadoras y
competentes en la materia”, indicó.
La
ministra explicó que los servicios de salud privados no son dádivas ni regalos,
porque el Gobierno nacional paga un “precio considerablemente alto” para la
atención de los servidores públicos.
“Ellos
(las clínicas), sobreviven en gran parte con el dinero que viene de todos los
venezolanos”.
Según
información de la Alianza Interinstitucional de la Salud (AIS), el Gobierno
cancela el 75% de los ingresos de los centros de salud privados por concepto de
cobertura de seguros de HCM (servicio de hospitalización, cirugía y
maternidad).
Un
total de 27 mil millones de bolívares aportó el Estado en el año 2012. Casi el
mismo monto del presupuesto anual del sistema de salud público que atiende al
total de la población en el país.
Señaló
que actualmente el Gobierno mantiene económicamente la asistencia médica, tanto
privadas por medio de las pólizas y la red de servicios públicos de salud.
Iturria
indicó que “no queremos eliminar ninguno de los dos sistemas, pero exigimos
respeto a las condiciones que exige el Gobierno; consideramos que se puede coexistir
siempre y cuando exista el respeto”.
Además
denunció que “algunos establecimientos de salud privados rechazan el ingreso y
niegan la atención a pacientes que asisten con seguros HCM de sector público”.
La
ministra exigió el cumplimiento a las leyes y la atención a las trabajadoras y
trabajadores, “porque es un servicio que el Estado cancela en su totalidad”.
Estas
declaraciones las realizó la ministra Iturria durante la concentración
convocada por la Alianza Interinstitucional de la Salud (AIS) en la Plaza
Caracas, en apoyo a la medida tomada por el Gobierno de Nicolás Maduro, de
regular el precio de los servicios de salud privados.
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