Durante
la instalación de la I Jornada sobre la Ley Orgánica de Precios Justos:
aspectos administrativos y penales, la Fiscal General de la República, Luisa
Ortega Díaz, destacó que existen 15 delitos penales relacionados con la guerra
económica.
Lo
novedoso en esta nueva Ley de Precios Justos son los artículos relacionados con
los delitos de desestabilización, reventa de productos de primera necesidad y
el boicot, señaló la Fiscal General.
Díaz
enfatizó que ante la actual guerra económica, el Estado venezolano y la
población tienen que prepararse y abordar el tema con todas las herramientas
que otorga el Estado.
Los
artículos 55, 56 y 57 se refieren al boicot (multa, ocupación temporal y
prisión de 10 a 12 años), desestabilización de la economía (pena máxima en su
límite máximo y confiscación de bienes) y reventa de productos de primera
necesidad (multas y comiso de productos).
En
la Jornada de formación para fiscales del Ministerio Público y funcionarios de
la Superintendencia de Precios Justos, participaron también la líder de dicha
institución, Andreína Tarazón, además del Mayor General (M/G) Luis Motta
Domínguez, Intendente del organismo.
La
Superintendenta Tarazón reflexionó sobre cómo la impunidad de los delitos
socava las bases morales del pueblo. Se comprometió a hacer cumplir, junto al
Poder Popular, la nueva Ley. Exigió y apoyó, el castigo a los culpables y el
impulso del Estado a los comerciantes honestos.
Necesitamos
el compromiso ético de las y los profesionales de nuestras instituciones, junto
al pueblo organizado y consciente, dijo Tarazón, al auditorio colmado de
servidoras y servidores públicos responsables de que el novedoso ordenamiento
legal impacte favorablemente en la economía criolla.
Precisó
que los delitos de acaparamiento y especulación atentan contra el patrimonio de
millones de personas. “Tenemos la necesidad de transformarnos culturalmente y
repudiar el delito y el robo”, aseveró.
Por
parte del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, el M/G Hebert García Plaza, enfatizó que aunque los
vendedores informales también son víctimas de la usura, la ley es clara: la
reventa de productos de primera necesidad es un delito. “Todo el que incurra en
los hechos previstos en la Ley será sancionado”, acotó.
Explicó
que el espíritu de la ley no es atacar a los comerciantes (ni pequeños, ni
grandes) sino acabar con la cadena especulativa en la economía local. “Tuvimos
experiencias recientes que demostraron que la usura está en el sector privados,
pero cuenta con la complicidad de algunos funcionarios públicos”, dijo.
Por
su parte, el intendente de Precios Justos de la Sundde, M/G Luis Motta
Domínguez, manifestó que estas actividades de difusión de la Ley han sido
organizadas para cubrir todo el territorio. “Debe convertirse en un espejo de
la situación de los precios en la calle”, aclaró.
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