(Caracas,
21 de febrero de2014) La fiscal
general de la República,
Luisa Ortega Díaz, informó que los hechos de violencia registrados en
varios estados del
país, desde el pasado miércoles 12 de febrero, dejaron como
resultado
ocho
personas fallecidas, 137 heridas y 24 personas privadas de
libertad.
Así lo indicó en
el programa Justicia y Valores,
transmitido este viernes 21 de febrero por el Circuito Unión
Radio
(90.3 FM),
durante el cual explicó que cuatro
de las muertes ocurrieron en el AMC, dos en el estado
Carabobo, uno en
Sucre y
otro en Lara.
Ortega
Díaz precisó que respecto a la muerte del adolescente de 17
años, tras
haber
sido arrollado el pasado 17 de febrero en la avenida
perimetral Rómulo
Gallegos
de Carúpano (Sucre), ya se encuentra privado de libertad un
hombre,
quien fue
imputado por el delito de homicidio intencional.
Asimismo,
refirió que otra de las victimas de estos hechos de violencia,
fue el
fiscal 3º
auxiliar del estado Carabobo, Julio González, quien tuvo un
accidente
de
tránsito al tratar de evadir una barricada que obstaculizaba
la vía por
la cual
se trasladaba hacia un centro asistencial, con el objetivo de
verificar
la
información sobre un presunto lesionado.
En
cuanto al total de personas heridas, indicó que 100 son
civiles y 37
son
funcionarios policiales y militares.
Informó
que en las próximas horas, 80 personas serán presentadas ante
los
respectivos
tribunales de control de los estados Anzoátegui, Aragua,
Carabobo y
Lara,
además del Área Metropolitana de Caracas (AMC), entre otras
zonas del
país.
La Fiscal General reiteró
que
estas acciones deben
repudiarse, porque atentan contra la estabilidad del Estado y
la
tranquilidad
del pueblo venezolano.
Por
otra parte, se refirió a las medidas judiciales acordadas
contra las
alcaldías
de Mérida, San Cristóbal, Maracaibo, Valencia y Naguanagua,
por lo que
informó
que estas acciones están orientadas a restablecer el sistema
de
recolección,
saneamiento y disposición final de los desechos sólidos.
La
razón es el impacto negativo que genera la falta de
recolección de
basura, la
cual no solo crea un problema de salud pública, sino que
también es
utilizada
por manifestantes para obstaculizar el libre tránsito de la
ciudadanía
y generar
así problemas de orden público
En
este sentido, Ortega Díaz exhortó a los fiscales superiores a
hacerle
seguimiento a la decisión, pues de no cumplir con el mandato
judicial
tales
alcaldes estarían incurriendo en desacato.
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