(Caracas, 26 de mayo de
2014) Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio para el propietario
de la “Distribuidora Galván”, Carlos José Galván, y de su cónyuge Anguelova
Pagunova Radka, quienes fueron aprehendidos el 19 de diciembre de 2013, a raíz de un
allanamiento en esa empresa ubicada en el municipio San Joaquín, estado
Carabobo, en el que las autoridades encontraron más de 10 toneladas de
alimentos descompuestos y vencidos que tenían etiquetas con precios remarcados.
Igualmente, se ordenó el enjuiciamiento de los
trabajadores de la distribuidora: Nelson Antonio Rondón (gerente de créditos),
Emil Rincones Rojas (supervisor de operaciones) y Alexis Madero Pérez
(vendedor).
En la audiencia preliminar, el fiscal 41° nacional,
Franklin Nieves, ratificó la acusación contra Galván y su cónyuge por la
presunta comisión de los delitos de especulación, usura, comercio de bienes nocivos
para la salud y venta de sustancias nocivas.
Asimismo,
se ratificó la acusación contra los otros tres trabajadores por los referidos
delitos pero en grado de complicidad; adicionalmente, Galván, Pagunova, Rondón,
Rincones y Madero fueron acusados por asociación para delinquir.
Una vez evaluados los medios de prueba presentados por
los representantes del Ministerio Público, el Tribunal 2° de Control de
Carabobo admitió la acusación y ordenó el enjuiciamiento de las cinco personas.
Vale destacar que Galván y Pagunova permanecen privados
de libertad en la
Comandancia General de la Policía de ese estado; mientras que Rondón,
Rincones y Madero tienen medidas cautelares de presentación periódica cada 30
días y prohibición de salida del país.
En
horas de la madrugada del 19 de diciembre, representantes de varios organismos
del Estado, entre ellos el Ministerio Público, Ministerio del Poder Popular
para el Trabajo y Seguridad Social y el ahora suprimido Instituto para la Defensa de las Personas en
el Acceso a los Bienes y Servicios, inspeccionaron los almacenes de dicha
distribuidora en San Joaquín, en virtud de las denuncias acerca de presuntas
irregularidades en el almacenamiento de alimentos.
Durante el procedimiento, fueron hallados en 22 cavas
alimentos no perecederos, embutidos y precocidos, a los que se les había
realizado un remarcaje en las fechas de expiración y en los precios de venta al
público.
La investigación permitió detectar que tales fechas
correspondían a varios meses atrás, además se hallaron productos nacionales e
importados que estaban descompuestos y contaminados.
Las cinco personas fueron detenidas por funcionarios
de la policía municipal de San Joaquín.
Fuente: Ministerio Público
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