La Oficina Federal de Justicia de la Confederación Helvética confirmó que los latinoamericanos Rafael
Esquivel, Eugenio Figueredo, Eduardo Li, José Maria Marin y Julio Richa
se encuentran entre los siete altos dirigentes de la FIFA detenidos en
Zurich.
Todos los detenidos fueron arrestados por la Policía suiza a petición de la Justicia estadounidense que les acusa de organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo de dinero, entre otros, y estarán bajo custodia helvética hasta que puedan ser extraditados.
También están acusados los ejecutivos de empresas relacionadas con la
FIFA, Alejandro Burzako, de la argentina Torneos y Competencias; Aaron
Davidson, de Traffic Sports USA, y Hugo y Mariano Jinkis, del Full Play
Group de Argentina.
El departamento de Justicia hizo público un comunicado en el que
anuncia que han sido presentadas 47 acusaciones ante el tribunal de
Brooklyn (Nueva York) por “organización mafiosa, fraude masivo y
blanqueo de dinero, entre otros”.
La Justicia estadounidense no ha formulado cargos contra el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, que se presenta a la reelección para un quinto mandato el próximo viernes en el Congreso de la FIFA en Zúrich.
Según esta investigación los acusados estarían implicados en la obtención de sobornos por valor de más de 150 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Entre los 47 cargos por el enriquecimiento ilícito durante 24 años mediante la corrupción del fútbol, los beneficiarios habrían logrado “lucrativos derechos de comercialización en los medios y mercadotecnia en los torneos internacionales”.
Otros presuntos involucrados en esta investigación citados en el
comunicado oficial son Charles Blazer, ex secretario general de CONCACAF y antiguo representante de Estados Unidos en el comité ejecutivo de la FIFA y José Hawilla, propietario y fundador del conglomerado mediático brasileño Traffic.
“Corrupción rampante, sistemática y profundamente enraizada” es la
descripción de la fiscal general Loretta Lynch, que puntualiza que “se
ha extendido en las dos últimas generaciones de federativos que abusaron
de sus puestos de confianza para conseguir millones de dólares en
mordidas y sobornos”.
La fiscal general norteamericana señala como víctimas a multitud de
competiciones y torneos de países en desarrollo que deberían haberse
beneficiado de los ingresos generados con la comercialización de los
citados derechos y los aficionados en Estados Unidos y en todo el mundo.
Algunos de los responsables de estos delitos pueden afrontar penas de cárcel de 20 años,
según la nota, que precisa que además de los 10 años de prisión que le
pueden pedir, A Figueredo le podrían revocar su nacionalidad
estadounidense por falsificación.
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