Un tribunal de circuito de apelaciones de Boston, Estados Unidos,
declaró ilegal la bancarrota de Puerto Rico, decisión que fue
considerada como injusta por el gobernador del país bajo dominio
colonial, Alejandro García Padilla.
Explicó que dicha decisión priva a la
nación de una herramienta legal para manejar ordenadamente las
obligaciones de sus corporaciones públicas, refiere una nota de prensa
de Telesur.
“Por un lado, se dice que el Capítulo 9
restringe a Puerto Rico de aprobar una ley de recuperación; pero por
otro, no concede ninguna alternativa jurídica para enfrentar la
situación”, dijo García Padilla, en un comunicado.
Con una deuda de 72 mil millones de
dólares sobre tres millones y medio de habitantes, la nación
puertorriqueña atraviesa una crisis económica sin posibilidades de
implementar soluciones que le permitan reestructurar su pasivo.
Para buscar la forma de reestructurar su
deuda, el país debería declararse formalmente en bancarrota, lo que le
otorgaría protección legal frente a los acreedores, pero esto no es
posible puesto que, como dependen de Estados Unidos, necesitan un
instrumento legal del Congreso que lo avale.
En su condición de “estado libre
asociado” de EE.UU., Puerto Rico carece de una moneda y un Banco Central
propios, lo que lo incapacita para tomar decisiones trascendentes en el
área económica.
Ante esta nueva realidad en la que se
enfrenta, García Padilla insistió en la necesidad de avanzar en la
unidad nacional en pro de esta causa. “Insisto en que esto tiene que
unir a todos los puertorriqueños en un solo propósito. Vamos a exigirle a
Washington trato justo para Puerto Rico, más allá de partidos o grupos.
Es importante hablar con una sola voz para lograr acción de Casa Blanca
y del Congreso”.
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