(Caracas, 26 de septiembre de 2018) El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra la ex gerente general de Pdvsa Gas Colombia, Sarah Alicia Moya Machado, y otros cuatro ex altos funcionarios de la estatal petrolera, por su presunta responsabilidad en un desfalco de 100 millones de dólares contra Venezuela.
En declaraciones a los periodistas, ofrecidas este miércoles 26 de septiembre en el auditorio de la sede principal del Ministerio Público, Saab informó que, además de Moya Machado, las órdenes de captura alcanzan a José Alberto Márquez Carrero (representante legal de las empresas Márquez Asesorías y Proyectos y Xiomar Rent SAS); Daniel Chirinos (exdirector de Pdvsa Gas); Luis Enrique Rangel López (exgerente de Finanzas de Pdvsa Gas) y Antón Castillo Bastardo (expresidente de Pdvsa Gas).
Los involucrados serán imputados por la Fiscalía 26a nacional por la presunta comisión de los delitos de corrupción propia, concierto de funcionario con contratista; tráfico de influencias, evasión de procesos licitatorios, aprovechamiento fraudulento de fondos, peculado culposo y asociación.
Al comentar que las irregularidades administrativas fueron detectadas por una investigación que fue reactivada en marzo de este año, explicó que las mismas corresponden a la gestión de Moya Machado en la sucursal entre los años 2007 y 2015.
Indicó que este caso fue denunciado en el Ministerio Público en septiembre de 2014, pero dos años después la causa fue paralizada. “Se había guardado total impunidad para extorsionar”, señaló Saab.
La pupila
Sostuvo que la ex gerente general y representante legal de Pdvsa Gas Colombia manejó a su antojo y sin ningún tipo de supervisión las cuentas de esta sucursal.
“Se trata de una persona estrechamente vinculada al prófugo RR (el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez) y sus cómplices, además de pupila de Bernard Mommer”, ahondó.
Resaltó que Moya Machado aparece en el caso de los Papeles de Panamá, al formar una empresa radicada en las Islas Vírgenes Británicas, a través del bufete Mosack Fonseca en 2011, y adicionalmente, está incursa en la investigación por lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra.
El titular de la acción penal puntualizó que la mujer administró discrecionalmente la cantidad de 221,9 millones de dólares, entre ellos 112,9 millones de las cobranzas del convenio de suministro de combustibles entre Pdvsa y Ecopetrol, los cuales no le correspondían a esa sucursal.
Aseguró que la investigación penal detectó que Moya habría causado una pérdida operacional de más de 61 millones de dólares en los últimos tres años de su gestión en Pdvsa Gas Colombia.
Detalló que obtuvo una tarjeta corporativa sin autorización, pagada por la sucursal, la cual utilizó para consumos personales no autorizados por la suma de casi 60 mil dólares.
Precisó que designó unilateralmente al revisor fiscal (auditor externo) de la mencionada sucursal, violando la normativa y mediante un acta forjada de asamblea.
Cuestionó que Moya obtuviera 239 boletos aéreos (entre ellos dos ida y vuelta a París) y cancelara a Márquez un total de 73 boletos con destino Bogotá-Caracas-Bogotá. El hombre fue empleado de la sucursal y luego se convirtió en contratista.
La alta funcionaria le canceló a Márquez 212 mil dólares por concepto de honorarios profesionales y luego este recibió 591 mil 540 dólares para ejecutar proyectos, a través de la adjudicación directa a sus empresas.
Reveló que en el año 2014 ambos viajaron juntos al carnaval de Río de Janeiro (Brasil), en un viaje pagado por la sucursal. “Este es el submundo, el fango en que se mueven”, acotó Saab.
Más corruptelas
La máxima autoridad del Ministerio Público refirió que Moya Machado otorgó por adjudicación directa seis contratos a la empresa Ingeniería y Servicios Ambientales, para actividades de reforestación y otros fines. Sin embargo, ninguno se cumplió, lo que provocó una pérdida patrimonial de 3 millones 380 mil 840 dólares.
Añadió que hizo donaciones sin justificación por más de 288 mil dólares y pagó a dos abogados por servicios profesionales y sin soportes la cantidad de un millón 297 mil dólares. Además, antes de dejar el cargo les pagó un anticipo de 131 mil dólares.
Saab fustigó a la ex alta funcionaria, tras calcular su propia liquidación del cargo en 40 mil 900 dólares adicionales a los que en realidad le correspondían: 18 mil 183 dólares.
“Todo esto se hizo sin que sus superiores tomaran medidas. Por eso, también serán procesados. Este Ministerio Público serio, profesional y muy valientemente va a ir hasta las últimas consecuencias”, adelantó.
“No tiene ningún sentido que haya países que protejan a estos delincuentes”, aseveró el Fiscal General.
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