El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció que fueron solicitadas órdenes de aprehensión contra diecinueve personas involucradas en una estafa cometida en perjuicio de 300 familias del estado Zulia, a través de la sociedad mercantil ABA Mercado de Capitales Casa de Bolsa C.A.
En rueda de prensa desde la sede principal del Ministerio Público en Caracas, Saab indicó que dicha estafa fue calculada en más de 50 millones de dólares.
En consecuencia, dijo que fue ratificada la orden de aprehensión en contra del presidente del Grupo ABA, Enrique Auvert Vetencourt, quien se encuentra en Estados Unidos (EE.UU) solicitando un beneficio migratorio.
“Quizá declarándose como perseguido político, pero es tremendo corrupto y ladrón; vemos gente que destruye la economía venezolana y de pronto aparece en Europa o EE.UU y se les da estatus de refugiados. Esperamos que esto no ocurra y sea entregado a las autoridades venezolanas”, puntualizó.
Asimismo, informó que el resto de las órdenes de captura fueron solicitadas en contra del presidente de ABA Servicios Financieros, Rodolfo Auvert Vetencourt; y para los directores Gustavo Abudei y Mario Auvert.
Tal solicitud del Ministerio Público ante el tribunal de la causa también recayó en los integrantes del cuerpo directivo de la referida casa de bolsa, Ernesto Quintero y Gonzalo Ruiz, además de la gerente general, Raiza Reyes, y la presidenta de la Recuperadora Latinoamericana, Levialid Pérez González.
Igualmente, la medida judicial alcanza a los accionistas Euro Vena; Mou Pui Fung; José Zubillaga; Jesús Rincón; Luciano Biondi; Mou Shin Fung; Andrés Delgado y Fenelon Jiménez.
En este sentido, la máxima autoridad del Ministerio Público señaló que por este caso se presentó acusación contra el director del Grupo ABA, Juan Abudei; la firmante en todas las empresas asociadas, Isabel Farías, y uno de sus ejecutivos, Ernesto Rubio, quienes habían sido imputados en el año 2016.
Todos los involucrados en el desfalco son investigados por la presunta comisión de los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, asociación y apropiación de títulos valores.
Saab señaló que este hecho fue denunciado en el año 2012, pero la investigación se paralizó en septiembre de 2016, con la complicidad de la exfiscal general de la República.
“Hoy estamos haciendo un acto de suprema justicia con todas esas víctimas, así como lo hemos venido realizando desde el inicio de nuestra gestión”, añadió.
Explicó que la citada casa de bolsa hizo ventas de títulos valores de sus clientes sin previa autorización a la empresa ABA Capital Markets Corporation, quien forma parte del Grupo ABA, con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
Detalló que tras la investigación efectuada por el Ministerio Público, se ha podido determinar que ABA Mercado de Capitales hacía captación de inversiones y de títulos valores a través de tres empresas que formaban parte de misma corporación, las cuales no se encontraban autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores.
Precisó que entre los afectados están las cajas de ahorros del Colegio de Abogados del estado Zulia y del Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia, así como el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la mencionada casa de estudios superiores, entre otros.
“La mayoría de las víctimas de este caso son personas de la tercera edad, que invirtieron sus ahorros de toda la vida en esta casa de bolsa”, expresó.
El caso fue retomado por la Fiscalía 74a nacional, quien determinó la implicación de 19 ciudadanos, según la experticia contable que desarrolló con el apoyo de la Unidad de Asesoría Técnico Científica del Ministerio Público.
Hasta las últimas consecuencias
Por otra parte, el presidente del Poder Ciudadano anunció que desde el pasado 16 de octubre fueron designados tres fiscales para investigar la muerte de siete personas, en las adyacencias de la mina “El Candado”, ubicada en Tumeremo, estado Bolívar.
“Tres fiscales nuestros están involucrados en el esclarecimiento de este hecho que no dejaremos impune, como no lo hicimos con aquel caso tristemente célebre conocido como la masacre de Tumeremo de 2016”, subrayó.
Además, aseveró que el fiscal superior de esa entidad federal recibió instrucciones para que llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación penal.
Al respecto, los fiscales designados son el 2° y el 5° de delitos comunes de Bolívar, así como la fiscal auxiliar 2° de derechos humanos.
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