Funcionarios del interinato trataron de sacar provecho a las negociaciones con una empresa para recuperar los activos de Venezuela en el Caribe, de acuerdo con la investigación de Poleo.
La representación en el exterior del Gobierno interino de Juan Guaidó nuevamente ha sido objeto de múltiples denuncias. En esta oportunidad se trata de un intento de extorsión contra el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA) conformado por las compañías LockinCapital y Global Risk Management, cuyos directores son Jorge Reyes y Pedro Antar, ubicado en Estados Unidos.
De acuerdo con una investigación desarrollada por la periodista venezolana Patricia Poleo, esta empresa presentó sus servicios al Gobierno interino de Juan Guaidó en 2019, para recuperar los bienes de Venezuela que se encuentran en los países que forman parte de Petrocaribe.
La propuesta de los representantes de CRA esgrimía la recuperación total en ciertos plazos de tiempo de aproximadamente 40 billones de dólares por concepto de deudas vencidas y atrasadas, así como acuerdos de renegociación y reestructuración del 50% de las cuentas financiadas.
En el plazo del primer año, una vez firmado el contrato después de haber ganado la licitación que obtuvieron el 03 de enero de 2020, se hablaba de la recuperación de 2 000 millones de dólares, un fondo para el gobierno interino.
A su vez, lo ofrecido por CRA indicaba que el Consorcio cobraría 18% de lo recuperado, sin recibir adelanto. A cambio, el Consorcio se comprometía en ofrecer la búsqueda e inteligencia de riesgo por 19 países, auditoría forense, servicio del consorcio, gastos, servicio de recaudación, negociación de deuda, propuestas de recaudación de deudas, recuperación de activos y representación legal de Venezuela.
De acuerdo con lo expuesto por Poleo, desde 2019 hubo una comisión de diputados, integrada por Elías Mata (UNT), Jorge Millán (PJ), Luis Carlos Padilla (AD), Luis Florido (VP), Freddy Superlano (VP), Sergio Vergara (VP), Luis Aquiles Moreno (AD) y Enrique Márquez (UNT), que se encargó de revisar la propuesta de CRA y pasar un informe a solicitud del presidente interino.
Al recibir el informe, fueron pautadas unas conversaciones telefónicas con el entonces procurador, José Ignacio Hernández, entre agosto y septiembre del año 2019.
Tras concertarse las llamadas, la comisión de diputados antes expuesta comunicó a CRA que Hernánadez “no tenía tiempo para revisar o preparar el contrato”, por lo tanto, por medio de la Asamblea Nacional venezolana se creó una Comisión Presidencial para la Gestión de Activos, presidida por Javier Troconis, como el jefe designado por Guaidó. Es acá donde inician las tretas de la negociación.
Luego de unas primeras reuniones telefónicas entre Reyes, Antar y Troconis, con la participación del diputado Carlos Prosperi, se conversó sobre los detalles de la propuesta de recuperación de activos de Petrocaribe. Sin embargo, en el encuentro fungió la primera irregularidad: el comisionado de Guaidó para la obtención de activos sumó a la negociación a Magin Blasi-Blanchard, quien representaba a su hermano Fernando Blasi-Blanchard, encargado de negocios de Juan Guaidó en Washington y «mano derecha del embajador Carlos Vecchio», según dijo la periodista.
A partir de la llegada de los hermanos Blasi-Blanchard, delegados por Troconis para llevar las negociaciones, se presentó un segundo inconveniente en una reunión el 23 de diciembre del 2019, cuando Reyes y Antar fueron convocados a sus oficinas en El Doral.
Sobre este particular, la periodista Patricia Poleo indicó: «En esa reunión los hermanos –que habían sido autorizados por Troconis- les escribieron a ambos directores de CRA en una hoja blanca las condiciones que –según ellos- exigía Troconis para la firma del contrato, entre las que se fija una comisión de 750 000 dólares, y que del 18% de los honorarios del Consorcio, se les diera a ellos el 50%. Es decir, que se les considerara como socios del consorcio que ellos mismos estaban contratando».
Aunque la misiva no tuvo pronunciamiento posterior, el consorcio obtuvo la noticia el 03 de enero de 2020 de haber ganado la licitación y solo restaba llegar a la firma del contrato. Sin embargo, antes de alcanzar este punto era necesaria una nueva reunión con el clan Blasi-Blanchar.
En enero de este año, Jorge Reyes y Pedro Antar tuvieron un nuevo encuentro con Magin Blasi-Blanchar en un bufete de abogados en Brickell City Centre. Es aquí donde la negociación toma una nueva dimensión, pues allí Magin insistió en la extorsión y exigió a los representantes de CRA un pago de forma inmediata 50 000 dólares (de los 750 000 que habían exigido en el papel bond).
Una vez fuera de la oficina, Magin le dijo a los directivos: «Tienen cinco minutos para que me depositen los 50 000. Si no… ¡Olvídense de contrato!”. Es desde ese momento cuando el encargado por Juan Guaidó para estos asuntos, Javier Troconis, carga contra CRA y desconoce la Buena Pro (reconocimiento de la licitación) que se había firmado con esta compañía.
Todo lo anterior es parte del testimonio de Reyes y Antar recogido por la periodista Patricia Poleo.
Al no pagar la cantidad que se les pedía, las negociaciones iniciadas por CRA se desplomaron y la prueba fidedigna de ello fue posteriormente el desconocimiento por parte del procurador José Ignacio Hernández, quien fue contactado por Reyes y Antar vía correo electrónico. El procurador echó por tierra todos los trámites se que llevaron a cabo por más de un año, para obtener esta licitación.
Poleo en su exposición del caso esgrime escenarios muy detallados del proceder de este círculo de personas que estuvo presente en esa negociación.
Hoy por hoy, estos funcionarios denunciados por CRA permanecen activos en el Gobierno interino y son las voces oficiales de Juan Guaidó en el exterior. Mientras tanto, el panorama sigue igual: los fondos sin recuperarse, el gobierno interino desmoronándose y la economía del país a un paso del default.
La denuncia, robustecida con pruebas y documentos, fue presentada por la periodista Patricia Poleo en su canal de YouTube y su página web:
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