El Gobierno de Pedro Sánchez ha decretado el estado de alarma en la Comunidad de Madrid con el fin de que entren en vigor las mismas medidas restrictivas para contener la crisis sanitaria que se implantaron la semana pasada pero que la Justicia tumbó, según le ha comunicado Sánchez telefónicamente a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El estado de alarma tendrá una duración de 15 días, prorrogables tan solo si obtiene el respaldo de la mayoría del Congreso de los diputados.
Este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó ratificar la resolución del Ministerio de Sanidad que obligaba al cierre perimetral de Madrid y de otros nueve grandes municipios de la región, que superan los 500 casos cada 100.000 habitantes, para luchar contra la propagación de la pandemia de coronavirus.
El Tribunal no argumentaba sobre el fondo del asunto, es decir, sobre las medidas que contiene la resolución, sino que lo hace sobre la legislación que las ampara, la ley 16/2003, que según el texto recogido en el auto «no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales«. Sin embargo, en otras regiones las medidas anuladas en Madrid sí han sido aceptadas por los jueces.
Ultimátum de Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio un ultimátum a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que expiraba este viernes a las 12 del mediodía. Tras intentar, sin éxito, reunirse con el Ejecutivo regional, Sánchez anunció la noche de este jueves que convocaba un Consejo de Ministros, con la finalidad de decretar el estado de alarma en Madrid para que entraran en vigor las restricciones que había tumbado el TSJM.
Antes, Sánchez había telefoneado a Díaz Ayuso para ofrecerle tres opciones que permiten mantener las medidas revocadas por los tribunales. La primera es que fuera la Comunidad de Madrid la que dicte una nueva orden, en este caso bajo el paraguas de la ley de salud pública de 1986. La segunda era que el Ejecutivo regional solicitara al Gobierno la declaración del estado de alarma y la última consistía en que el propio Gobierno de Sánchez fuera el que impusiese ese estado de excepción.
Este viernes, el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en comparecencia ante los medios ha vuelto a apostar por no implementar las medidas instadas desde Sanidad y tan solo ha anunciado que las limitaciones impuestas se aplicarán a 51 zonas básicas de salud, en lugar de las 45 anteriores, y que el umbral se sitúa en 750 casos cada 100.000 habitantes, en lugar de los 1.000 que contemplaban hasta ahora.
Tres semanas de incertidumbre para los madrileños
Los ciudadanos madrileños llevan al menos tres semanas asistiendo a un enfrentamiento político sin precedentes en medio de una pandemia que tiene a Madrid como epicentro europeo y que ha generado una gran incertidumbre entre la población que no tiene muy claro qué medidas restrictivas están en vigor y cuales no.
Durante estos días la población ha asistido a las presiones del Ministerio de Sanidad para que la Comunidad de Madrid tomara medidas para cortar los contagios. El Gobierno de Ayuso emitió una normativa que solo imponía restricciones a algunos barrios de la región, que desde el departamento dirigido por el ministro Salvador Illa se tachó de demasiado laxa.
Días después Illa reunió a los consejeros de Sanidad de todas las Comunidades Autónomas y se decidió, con el voto en contra de Madrid y otras tres regiones, el cierre perimetral y la reducción de horarios y aforos de Madrid y otras nueve ciudades de la región que superaban tres criterios epidemiológicos: más de 500 casos cada 100.000 habitantes, más de un 10 % de positividad y más de un 20% de ocupación de UCI por pacientes covid.
Díaz Ayuso acató la resolución ministerial mientras la recurría en los tribunales. Este jueves, tras la decisión del TSJM las medidas impulsadas por Illa han decaído, mientras que no está claro si las restricciones anteriores del Gobierno regional siguen en pie.
Mientras, después de haber clamado contra el cierre de Madrid, tanto Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han pedido a la población que no salga de sus municipios, justo la víspera de que comience un feriado largo de tres días no laborables en el que tradicionalmente los madrileños se han trasladado a segundas residencias o a la costa de manera masiva. El año pasado en estas fechas se produjeron más de un millón de desplazamientos.
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