La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia a raíz de las protestas sociales iniciadas desde pasado 28 de abril.
«La Comisión rechaza toda forma de violencia y reitera la importancia de que el Estado honre sus obligaciones internacionales», dice en su informe la CIDH. Al tiempo que expresó su preocupación por la grave crisis social que enfrenta actualmente el vecino país.
La CIDH instó al Gobierno de Duque a respetar los «más altos estándares» en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia. Además de permitir que la CIDH realice una visita de observación al país.
En su informe, la Comisión resalta que en al menos 1.038 manifestaciones se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza por parte de los organismos de orden público.
«Estos hechos se han registrado, especialmente, en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo, y han tenido afectaciones particulares en los pueblos indígenas, las mujeres y las personas afrodescendientes», detalla la CIDH.
Asimismo, la Comisión contrastó las cifras de muertos ofrecida por la Fiscalía General de la Nación, que habla de 43 personas fallecidas durante las manifestaciones, de las cuales 17 tendrían relación directa con manifestaciones. Con la ofrecida por organizaciones de la sociedad civil que han registrado 51 muertes en el contexto de las protestas.
«Al respecto, la Comisión Interamericana destaca especialmente los casos de Lucas Villa, quien perdió la vida el 5 de mayo en Pereira después de recibir ocho disparos durante su participación en una protesta pacífica, el de Sebastián Quintero, quien falleció el pasado 15 de mayo en Popayán, tras recibir el impacto de una granada aturdidora presuntamente lanzada por integrantes de las fuerza pública, así como de Jhon Erik Larrahondo, quien murió en Cali el 23 de mayo por el accionar de un arma de fuego», señala el comunicado de prensa emitido por la CIDH.
Por otra parte, la Comisión Interamericana calificó de «extremadamente grave» las denuncias sobre 132 personas que permanecen desaparecidas.
«Resulta alarmante que con el correr de los días estas personas continúan desaparecidas, máxime cuando algunas de las 276 que habrían sido reportadas como desaparecidas aparecieron sin vida, como el líder Cristian Torres, el 14 de mayo en la ciudad de Leiva, Nariño», exponen.
También muestran preocupación por la denuncia de al menos 87 actos de violencia sexual cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública en contra de mujeres manifestantes, como el caso de la adolescente que denunció haber sido agredida sexualmente por varios agentes de la fuerza pública en la ciudad de Popayán y que posteriormente se habría suicidado, hecho ocurrido el día 12 de mayo.
La Comisión advierte sobre la existencia de personas con heridas oculares, ocurridas -principalmente- durante las protestas en Bogotá, Neiva, Cali, Yumbo, Medellín, Popayán, Pasto, y otros municipios de Risaralda y Valle del Cauca.
Señalan que se estarían utilizando armamentos antidisturbios por parte de la policía que generan impactos indiscriminados en contra de las protestas mayoritariamente pacíficas.
Sobre este tipo de armamento, colocó en tela de juicio el empleado por la policía para «disuadir» las protestas conocido como Venom.
En su informe, la CIDH rechazó el discurso de odio, clasista y racista por parte de las élites contra los grupos indígenas y afrodescendientes que exigen sus derechos.
«En particular, la CIDH tuvo noticia sobre grupos de civiles armados que dispararon indiscriminadamente contra una manifestación compuesta por personas indígenas el 9 de mayo en la ciudad de Cali. La CIDH encuentra extremadamente grave la participación de civiles en actos de represión y ataques con armas de fuego en contra de las personas manifestantes», apunta el informe.
Hubo condenas contra los ataques a la libertad de expresión, hacia periodistas, la prohibición al derecho a la reunión y contra actos vandálicos que han causado destrozos a instituciones del Estado y atentado contra la vida de efectivos policiales.
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