(Caracas, 07 de julio de 2013) El Ministerio Público logró privativa de libertad para 10 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, por su presunta responsablidad en la muerte de Luimener Pacheco Lino (40) y su hija de 13 años de edad, hecho ocurrido el pasado 04 de julio, en el sector Las Calderas, municipio Colinas del estado Falcón.
En la audiencia de presentación, los fiscales
76° nacional y 17° de Falcón, Alejandro Méndez y Misleidys Córdoba,
respectivamente, imputaron a los funcionarios Regulo Valero (21), Dionis
Escalona (20), Joseth Reyes (19), Wilfredo Martínez (23), Luis Vilchen (21), Ronald Mujica (22), Jesús Álvarez (26), Carlos
Muñoz (31), Adrian Torres (32) y José Carrasquero (37), por la presunta
comisión de los delitos de homicidio calificado con alevosía en perjuicio de
Pacheco Lino y su hija de 13 años, y homicidio calificado con alevosía en grado
de frustración en perjuicio de otras dos adolescentes de 14 y 15 años de edad,
quienes resultaron heridas en el hecho.
Adicionalmente, los 10 efectivos castrenses
fueron imputados por uso indebido de arma de fuego y quebrantamiento de pactos
y convenios internacionales suscritos por la República.
Todos los delitos fueron precalificados con
los agravantes establecidos en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes.
En
ese sentido, una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por los
representantes del Ministerio Público, el Tribunal 5° de Control del estado
Falcón dictó medida privativa de libertad para los 10 funcionarios, quienes permanecerán
recluidos en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III, ubicado en el
estado Miranda.
De
acuerdo con la investigación preliminar, el
citado día, en horas de la noche, los mencionados efectivos castrenses
realizaban un operativo en el referido sector, cuando presuntamente efectuaron
varios disparos contra un vehículo Chevrolet, modelo Corsa, en el que se
trasladaba Pacheco Lino junto a sus tres hijas adolescentes.
Vale destacar que durante el acto de imputación
estuvo presente la directora de Protección de Derechos Fundamentales del
Ministerio Público, María Mercedes Berthé, quien estará coordinando junto a los
fiscales del caso las experticias
y diligencias de investigación que realizarán especialistas de la Unidad Criminalística del estado Lara.
Fuente: Ministerio Publico
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