Los
funcionarios estaban adscritos a la subdelegación de San José de Barlovento,
estado Miranda, y tenían 6 meses de haber ingresado en la policía científica.
(Lunes 18 de agosto de 2014).- Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Dirección de
Investigaciones de los Delitos en la Función Pública, practicaron la
aprehensión de dos detectives de la subdelegación San José de Barlovento,
estado Miranda, por estar presuntamente implicados en una extorsión.
La
información fue aportada por el director nacional del Cicpc, comisario general
José Gregorio Sierralta, quien indicó que los detenidos responden a los nombres
de Jhonny Alberto Gómez Linares y Robert Stivenson Reyes Pérez, ambos de 22
años de edad y con apenas seis meses de haber ingresado en la policía
científica.
“Hacemos
un llamado a la comunidad para que se sumen a esta lucha contra la corrupción,
que mantenemos de manera permanente dentro de la institución, denunciando a
todos aquellos funcionarios que incurran en actos ilícitos. Lo pueden hacer de
forma directa, como lo hizo en esta oportunidad la persona afectada, o a través
del correo denuncia@cicpc.gob.ve,
garantizándoles el anonimato y la confidencialidad”, subrayó.
Las investigaciones sobre este caso se
iniciaron luego que se recibiera la información de que dos detectives habían
recibido cierta cantidad de dinero y una pistola Browning para otorgar la
libertad de una persona detenida recientemente por el delito de droga, acción
que no se concretó.
Sierralta resaltó que de inmediato la Dirección
de Investigaciones de los Delitos en la Función Pública se encargó de procesar
la denuncia y una vez realizadas las pesquisas de rigor, se aprehendió a los
dos funcionarios, a quienes les incautaron la pistola y casi la totalidad del
dinero que habían recibido.
El director del Cicpc nuevamente enfatizó que
todas las denuncias sobre hechos irregulares o ilícitos, cometidos por los
funcionarios de ese organismo, serán investigados y a los implicados se les
aplicará todo el peso de la Ley, pero para ello se necesita de la unión
cívico-policial, en el sentido de que toda persona que tenga información de
tales hechos, los denuncie de manera oportuna.
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