(Caracas, 27 de agosto
de 2014) El Ministerio Público logró que se le impusiera al dueño y al
encargado del taller mecánico “Alzate Moto Gama Barinas”, José Arcinio y Mauricio
Paz, respectivamente, la siembra de 500 árboles cada uno, tras admitir haber
manipulado incorrectamente sustancias peligrosas (combustible) y perturbar la
tranquilidad de la comunidad El Cambio, municipio Barinas.
Tal situación fue denunciada
el 21 de febrero de 2014 por habitantes de esa localidad.
En
la audiencia de presentación, la fiscal 11ª auxiliar de esa jurisdicción,
Leslie Amaya, imputó a Paz por presuntamente ser coautor en el delito de manejo
indebido de sustancias o materiales peligrosos y generación de ruidos. Mientras
que Arcinio fue imputado por el delito de
manejo indebido de sustancias o materiales peligrosos.
Tales
delitos están previstos y sancionados en la Ley Penal del Ambiente.
Luego de que los dos hombres
admitieran su responsabilidad en el hecho, el Tribunal 4° de Control de Barinas
acordó la suspensión condicional del proceso por un periodo de ocho meses y le
impuso a Paz la siembra de 500 árboles apamate,
Mientras que se ordenó que Arcinio
deberá sembrar la misma cantidad pero de la especie Palma, en el sector que
designe el Ministerio del Poder Popular
del Ambiente (MPPA), instancia que, a su vez, supervisará el cumplimiento de dicha sanción.
Adicionalmente,
la referida instancia judicial les impuso llenar 750 bolsas cada uno con
compuesto orgánico, las cuales tendrán que entregar a la Comisión Nacional de
Reforestación.
Igualmente, los dos hombres deberán
asistir a dos charlas de sensibilización ambiental. Por su parte, Arcinio tendrá
que reubicar el mencionado taller de motos, puesto que actualmente funciona en una
zona residencial.
El
citado día, vecinos de esa comunidad denunciaron ante el Ministerio Público que
el referido establecimiento estaba contaminando a la comunidad con el derrame
constante de gasolina, además de perturbar la tranquilidad de los vecinos con
ruidos producto del trabajo mecánico que allí realizan.
Por
tal motivo, una comisión compuesta por efectivos de la Guardia Nacional
Bolivariana y funcionarios del MPPA se apersonaron en el lugar para constatar la
situación, determinando que dicho establecimiento no contaba con los permisos
reglamentarios para su funcionamiento, situación que fue notificada
inmediatamente al Ministerio Público.
Fuente: Ministerio Público
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