La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó este jueves que se revisará a fondo el uso ilegal de los avances de efectivo, como una acción para promover la utilización de canales electrónicos y mitigar la escasez de efectivo.
El superintendente de Sudeban, Antonio Morales, señaló que en los últimos tres meses se ha registrado una demanda de efectivo por diversos factores, entre los que destaca el contrabando hacia Colombia y la masificación de avances ilícitos de efectivo.
Aproximadamente 30% de la distribución de billetes que está haciendo el Banco Central de Venezuela (BCV) se desvía hacia la frontera.
Por ello, Morales sugirió a los bancos públicos y privados “actualizar los montos de transferencias y puntos de pagos. Esto como parte de las medidas para solventar la escasez de efectivo y estimular el uso de la banca electrónica.
"Quiero que hagamos una actualización porque no es la misma situación en la coyuntura económica que tenemos en este momento a la de hace un año o dos años", afirmó en una reunión con representantes de bancos públicos, privados y operadores de pago.
Sumado a esto, también declaró que está en procedimiento la entrada en funcionamiento del sistema de pagos móviles interbancarios puerto a puerto, conocido como P2P, que permitirá a los usuarios cancelar a través de mensajes de texto.
Sudeban se mantiene alerta ante la propagación de comercios que se dedican a la actividad ilícita de avances de efectivo, lo que afecta la normalidad del flujo de billetes en los bancos.
Una de las sugerencias de Sudeban a los bancos y operadores de pago fue hacer visitas in situ a los comercios y establecimientos a los que prestan servicios con el punto de venta.
Aunque se ha incrementado la práctica de avances en todo el país, Falcón, Distrito Capital y Táchira, son los estados en donde tiene mayor impacto los avances de efectivo, así lo informó la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.
Además, este departamento sostiene que algunos empleados bancarios entregan grandes sumas de dinero a personas jurídicas por encima de otros ciudadanos, lo que afecta la distribución en las taquillas.
Se constató que algunas personas jurídicas que ya no utilizan puntos de ventas los alquilan a otros comercios con una tasa de comisión que va entre 10% y 35.
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