La explotación de rodio en el estado Bolívar es obvia y evidente. Cientos de camiones cargados de escombros, tierra, arenilla, piedras y hasta barro se desplazan al otro lado de la frontera con Colombia o trasvasan la carga a chalanas que se remontan meta arriba. Otros, descargan en barcos en Matanza que zarpan rumbo al Atlántico. Rodio crudo, no refinado. Combinado con cobre, platino, níquel, paladio o tierras raras en proporciones variadas. Sin condiciones para que no sea registrado en la contabilidad del Ministerio de Finanzas ni en los ingresos del Seniat, tampoco se les ha guardado espacio en las bóvedas del BCV.
Materia prima en movimiento. El rodio no presenta guías en las alcabalas como los transportistas de hortalizas, pollos y reses, pero es una actividad rigurosamente controlada, gramo por gramo. Opera una combinación de formas legales, semilegales y otras, totalmente fuera de cualquier control estatal. Siendo un subproducto de poco volumen, tiene un altísimo valor en el mercado. Puede costar diez veces más que el oro.
Sus usos son muy limitados, y en muy pequeñas cantidades, pero es muy escaso y su manejo presenta muchas dificultades. Es inflamable, explota si el polvo se mezcla con agua, es altamente tóxico y carcinógeno. Su extracción, como cualquier otra minería, causa graves daños al ambiente, sobre todo al agua y al suelo, además de destruir los bosques y la biodiversidad.
El Orinoco es la gran fuente de agua que le queda a Venezuela. Está acorralado entre la faja petrolífera y el Arco Minero. Ambos «emprendimientos» generan impactos ambientales. Ninguna extracción es amigable, y todas producen daños irreversibles de variadas magnitudes. Sea por petróleo, mercurio o cianuro, el agua contaminada es una pérdida criminal. No es compatible con la vida.
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