Una mujer habría sido trasladada ilegalmente bajo una oferta engañosa de trabajo.
Ante los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, fueron condenados a 15 años de prisión los ecuatorianos Moisés Chito Lata y su cónyuge Hilda Yumbo de Chito,
por su responsabilidad en la trata de una mujer de la misma
nacionalidad, quien fue traída ilegalmente al país bajo una oferta
engañosa de trabajo en marzo de 2012.
Durante el juicio, las fiscales 8ª nacional, 161ª del Área Metropolitana de Caracas (AMC) y auxiliares, Mery Gómez, Marian Méndez, Charity Flores y Alejandra Tosta, respectivamente, ratificaron la acusación contra la pareja por la comisión del delito de trata de personas.
Tal delito se encuentra previsto y sancionado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia.
Una vez evaluados los medios de prueba presentados por los fiscales del Ministerio Público, el Tribunal 1º de Juicio con competencia en materia de Violencia contra la Mujer del AMC dictó la referida sentencia condenatoria contra los cónyuges.
En el caso del hombre cumplirá la pena en el Internado Judicial de El Rodeo II; mientras que la mujer fue enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina. Ambos centros de reclusión están ubicados en el estado Miranda.
La investigación determinó que la citada fecha, la pareja trasladó a la mujer desde Ecuador hasta Venezuela para que trabajara en un local de venta de ropa.
Una vez en el país, la víctima fue encerrada en un establecimiento comercial que fungía también como vivienda de la pareja, ubicado en el Centro Comercial Catia, municipio Libertador del Distrito Capital.
Allí fue obligaba a ejercer labores domésticas sin remuneración; además de que le retuvieron el pasaporte a la mujer, quien pese a que mostró su inconformidad por la situación, fue obligada a permanecer en lugar hasta que pagara los gastos del viaje.
El 15 de mayo de ese mismo año, la víctima logró escapar y llegó hasta una delegación de la Policía Nacional Bolivariana que está cerca de la estación de metro de Colegio de Ingenieros en Caracas, quienes le prestaron ayuda.
Posteriormente, luego de labores de investigación coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se localizó a los ecuatorianos. La mujer fue procesada en libertad con restricciones pues tenía un hijo pequeño y el hombre fue aprehendido en la audiencia preliminar el 18 de noviembre de 2013.
Conviene destacar que la víctima fue repatriada a su país en agosto de 2013, en cumplimiento con lo establecido en los acuerdos internacionales sucritos por la República.
Durante el juicio, las fiscales 8ª nacional, 161ª del Área Metropolitana de Caracas (AMC) y auxiliares, Mery Gómez, Marian Méndez, Charity Flores y Alejandra Tosta, respectivamente, ratificaron la acusación contra la pareja por la comisión del delito de trata de personas.
Tal delito se encuentra previsto y sancionado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia.
Una vez evaluados los medios de prueba presentados por los fiscales del Ministerio Público, el Tribunal 1º de Juicio con competencia en materia de Violencia contra la Mujer del AMC dictó la referida sentencia condenatoria contra los cónyuges.
En el caso del hombre cumplirá la pena en el Internado Judicial de El Rodeo II; mientras que la mujer fue enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina. Ambos centros de reclusión están ubicados en el estado Miranda.
La investigación determinó que la citada fecha, la pareja trasladó a la mujer desde Ecuador hasta Venezuela para que trabajara en un local de venta de ropa.
Una vez en el país, la víctima fue encerrada en un establecimiento comercial que fungía también como vivienda de la pareja, ubicado en el Centro Comercial Catia, municipio Libertador del Distrito Capital.
Allí fue obligaba a ejercer labores domésticas sin remuneración; además de que le retuvieron el pasaporte a la mujer, quien pese a que mostró su inconformidad por la situación, fue obligada a permanecer en lugar hasta que pagara los gastos del viaje.
El 15 de mayo de ese mismo año, la víctima logró escapar y llegó hasta una delegación de la Policía Nacional Bolivariana que está cerca de la estación de metro de Colegio de Ingenieros en Caracas, quienes le prestaron ayuda.
Posteriormente, luego de labores de investigación coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se localizó a los ecuatorianos. La mujer fue procesada en libertad con restricciones pues tenía un hijo pequeño y el hombre fue aprehendido en la audiencia preliminar el 18 de noviembre de 2013.
Conviene destacar que la víctima fue repatriada a su país en agosto de 2013, en cumplimiento con lo establecido en los acuerdos internacionales sucritos por la República.
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