El
Ministerio Público logró privativa de libertad para siete funcionarios
de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y un civil, por presuntamente
solicitar la cantidad de un millón 500 mil bolívares a un comerciante a
cambio de no llevarlo detenido.
El
hecho ocurrió el pasado viernes 26 de febrero en el barrio El Espejo de
Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui.
En
la audiencia de presentación, las fiscales 5ª y auxiliar de la referida
jurisdicción, María del Valle Martínez y Milagros del Valle Coronado,
respectivamente, imputaron a los funcionarios Luis Arcila (29), Luis
Manuel Sifontes (30) y Anderson Antonio González (29) por ser presuntos
autores del delito de concusión y agavillamiento.
Por
su parte, los funcionarios Iginio Contreras (25), Yorman José Mendoza
(23), David Antonio Ramírez (25), Pedro Luis Martínez (28) y el civil
Roswil Ramón Rodríguez (23), fueron imputados por la supuesta comisión
del delito de concusión, pero en grado de cooperadores inmediatos.
Tales tipos penales se encuentran previstos y sancionados en la Ley contra la Corrupción y el Código Penal.
Una
vez evaluados los elementos de convicción expuestos por las fiscales,
la instancia jurisdiccional dictó la medida privativa de libertad contra
los ocho hombres, quienes permanecen recluidos en las sedes de la PNB
de Barcelona y la policía regional de Puerto La Cruz.
En
horas de la mañana de ese día, los funcionarios acudieron hasta un
galpón ubicado en el sector El Espejo por una supuesta denuncia de
acaparamiento de artículos de primera necesidad.
Una
vez en el lugar, se percataron de la existencia de varios productos
alimenticios, pero que pertenecían a dos restaurantes cercanos a la
zona.
Ante
esta situación, los efectivos policiales conversaron con el dueño del
establecimiento, quien les enseñó la documentación necesaria que
demuestraba la legalidad de la mercancía.
Sin
embargo, durante el procedimiento, le informaron al comerciante que
ellos ejercían labores en la Operación Gorgojo, por lo que debía
cancelar la alta suma antes indicada para no llevárselo detenido por el
delito de acaparamiento.
Posteriormente,
la víctima denunció lo sucedido ante el Departamento de Desviaciones
Policiales de la PNB, dependencia con la que se acordó una entrega
controlada de dinero.
Más
tarde, el civil acudió en una moto compañía de unos de los policías
involucrados con la extorsión para el cobro, pero fue detenido
inmediatamente, mientras que un funcionario emprendió la huida.
Por
su parte, los otros hoy imputados fueron reconocidos en un video y
citados ante su comando, donde fueron aprehendidos inmediatamente y
puestos a las órdenes del Ministerio Público.
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