El director regional del Partido
Socialista Unido de Venezuela (Psuv) por el estado Monagas, Freddy
Bernal explicó -en un artículo de opinión- cómo funciona el crimen
organizado y como éste cada día se ha ido convirtiendo en un negocio
lucrativo para los delincuentes. Bernal quien es conocido por su amplia
trayectoria en el campo policial sugiere tomar acciones de manera
inmediata. Para ello, el dirigente oficialista propone: Colocar
inhibidores de señales en todos los centros, eliminar privilegios a
criminales y asilar en cárceles de máxima seguridad a sujetos alta
peligrosidad.
También surgiere hacer seguimiento al
circulante monetario y financiero de los jefes de bandas, precisar
quiénes son sus testaferros, incautar cuentas bancarias, bienes e
inmuebles.
A continuación el texto íntegro:
Desde la época de los 70 e inicios de
los 80, en Venezuela comenzaron a formarse bandas delincuenciales
alrededor del tráfico de drogas (marihuana, cocaína, bazuco, crack y
anfetaminas) traídas desde Colombia. Estas bandas estaban conformadas
aproximadamente entre 10 ó 15 sujetos: el que la transportaba, el que la
guardaba, los distribuidores, los jíbaros y los vigías para alertar
sobre la presencia policial. Fue evidente el despliegue de estas bandas
en La Pastora, los bloques 50, 2, 9 y 37 del 23 de Enero, el bloque 4 de
Propatria, así como el bloque 11 de Lomas Urdaneta, Pinto Salinas y los
distribuidores de la calle Los Manolos en Sabana Grande. Estos grupos
generaron una especie de economía subterránea, ejercieron violencia para
controlar el territorio donde operaba su negocio y evitaban crímenes
atroces para no atraer a las fuerzas policiales.
Estos núcleos criminales serían el
embrión de las organizaciones que existen actualmente (El PRANATO),
caracterizadas por una violencia exacerbada y retadora de la fuerza
pública. Ellos, de manera planificada y con un alto poder de fuego, no
solo asesinan a funcionarios sino que están desplazando al liderazgo
político y social, con la amenaza de atentar contra su vida y de sus
familiares, argumentando que nuestros militantes son informantes de los
organismos de seguridad del Estado, además de apoyar y aupar,
operaciones policiales en su contra. Casos como estos han ocurrido en
Ciudad Belén (Estado Miranda), El Guarataro, El Cementerio y la Cota 905
(Caracas).
Agréguese que, la desmovilización
paramilitar ocurrida en Colombia entre el período 1995 y 2005, provoco
que muchos de estos criminales se instalaran en Venezuela y con ellos
sus métodos violentos, trayendo como consecuencia la emulación de esas
prácticas delictivas por jóvenes venezolanos, quienes estructurando
peligrosas bandas de tráfico de drogas, incorporaron otras modalidades
delictuosas mucho más lucrativas: el secuestro express y el delito de
extorsión, generándoles ingresos monetarios sólidos. Estos delincuentes y
líderes paramilitares, con amplio poder de fuego, dominio territorial y
una fortuna como capital, al ser detenidos, hicieron de las cárceles
centros de operaciones del crimen organizado, en complicidad
fundamentalmente de seudos funcionarios penitenciarios y Guardias
Nacionales. Este híbrido: cultura paramilitar, células criminales,
complicidad institucional, erradas políticas penitenciarias y de
seguridad, dio origen a EL PRANATO.
Recuérdese por ejemplo, las llamadas
pernoctas en los centros penitenciarios. Ellas resquebrajaron la
disciplina y los controles establecidos, comenzó a generarse una serie
de prácticas no propias de un centro de reclusión o rehabilitación y,
cuando se trató de imponer controles, se desarrollaron un conjunto de
acciones familiares e individuales (huelgas de hambre, bocas cosidas,
asesinatos masivos y auto-secuestros familiares), obligó a recular las
acciones institucionales, dejando en entredicho la autoridad del Estado.
Luego de doblegar al Estado, estos
sujetos hicieron de esos espacios (resguardados y custodiados por la
institucionalidad) su trinchera y de su condena un gran negocio. Sin
embargo, es necesario señalar el positivo trabajo que viene realizando
la actual ministra de Asuntos Penitenciarios, logrando que en 90% de los
centros se haya restablecido la disciplina interna, cero armas, control
sobre las comunicaciones internas, y puesto a la orden de los
tribunales ordinarios y de justicia militar a un número importante de
funcionarios, civiles y militares, incursos en corrupción y complicidad
con los internos. No obstante, es público y notorio que desde Tocorón,
La Penitenciaria General de Venezuela (PGV) y Puente Ayala se dirige un
número importante de delitos en articulación con las bandas a cielo
abierto. En este orden, urge retomar las recomendaciones expuestas a
mediados del 2015, desde la Comisión Presidencial para la Trasformación
del Sistema Policial: Inhibidores de señales en todos los centros,
eliminar privilegios a estos criminales y aislamiento en cárcel de
máxima seguridad a sujetos alta peligrosidad.
Además, debe hacérsele seguimiento al
circulante monetario y financiero de los jefes de bandas, precisarse
quiénes son sus testaferros, incautar cuentas bancarias, bienes e
inmuebles. Trabajo que pueden realizar Sudeban, Fiscalía General de la
República y Organismos de Inteligencia Financiera; para ello, solo se
requiere voluntad institucional, patriotismo y amor por el prójimo.
Por: Freddy Bernal
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