El presidente estadounidense, Donald Trump, planea firmar este jueves 20 de marzo una orden ejecutiva que pide el cierre del Departamento de Educación, según un funcionario de la Casa Blanca, avanzando en una promesa de campaña para eliminar una agencia que ha sido durante mucho tiempo un blanco de los conservadores.
El funcionario habló bajo la condición de anonimato antes de un anuncio.
Trump ha tachado al Departamento de Educación de derrochador y contaminado por la ideología progresista. Sin embargo, finalizar su desmantelamiento es probablemente imposible sin una ley del Congreso, que creó el departamento en 1979.
Un documento informativo de la Casa Blanca indicó que la orden dirigiría a la secretaria Linda McMahon “a tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los estados, mientras se continúa asegurando la entrega efectiva e ininterrumpida de servicios, programas y beneficios de los que dependen los estadounidenses”.
El gobierno de Trump ya ha estado desmantelando la agencia a través de despidos y recortes de programas. El departamento está trabajando para reducir a la mitad su fuerza laboral y disminuir la Oficina de Derechos Civiles y el Instituto de Ciencias de la Educación, que recopila datos sobre el progreso académico de la nación.
Los defensores de las escuelas públicas dijeron que la eliminación del departamento dejaría a los niños rezagados en un sistema educativo estadounidense que es fundamentalmente desigual.
«Esto no es arreglar la educación. Es asegurarse de que millones de niños nunca tengan una oportunidad justa. Y no vamos a dejar que eso ocurra sin luchar», dijo la Unión Nacional de Padres en un comunicado.
La Casa Blanca no ha explicado formalmente qué funciones del departamento podrían transferirse a otros departamentos o eliminarse por completo. En su audiencia de confirmación, McMahon dijo que preservaría las iniciativas básicas, incluido los fondos del Título I para las escuelas de bajos ingresos y las becas Pell para los estudiantes universitarios de bajos ingresos. El objetivo del gobierno, dijo, sería «un Departamento de Educación que funcione mejor».
El departamento envía miles de millones de dólares al año a las escuelas y supervisa 1,6 billones de dólares en préstamos federales a estudiantes.
En la actualidad, gran parte del trabajo de la agencia gira en torno a la gestión del dinero, tanto de su amplia cartera de préstamos estudiantiles como de una serie de programas de ayuda a universidades y distritos escolares, desde comidas escolares hasta ayudas a estudiantes sin hogar. La agencia también desempeña un papel importante en la supervisión del cumplimiento de los derechos civiles.
La financiación federal representa una parte relativamente pequeña de los presupuestos de las escuelas públicas: aproximadamente el 14%. El dinero a menudo apoya programas suplementarios para estudiantes vulnerables, como el programa McKinney-Vento para estudiantes sin hogar o el Título I para escuelas de bajos ingresos.
Las facultades y universidades dependen cada vez más del dinero de Washington, a través de becas de investigación y ayudas económicas federales que ayudan a los estudiantes a pagar sus matrículas.
Los republicanos llevan décadas hablando de cerrar el Departamento de Educación, alegando que malgasta el dinero de los contribuyentes e introduce al gobierno federal en decisiones que deberían corresponder a los estados y las escuelas. La idea ha ganado popularidad recientemente a medida que grupos de padres conservadores exigen más autoridad sobre la escolarización de sus hijos.
En su plataforma, Trump prometió cerrar el departamento «y devolverlo a los estados, que es donde debe estar». Trump ha tachado al departamento de semillero de «radicales, fanáticos y marxistas» que se extralimitan en sus funciones de orientación y regulación.
Al mismo tiempo, Trump se ha apoyado en el Departamento de Educación para promover elementos de su agenda. Ha utilizado la capacidad de investigación de la Oficina de Derechos Civiles y la amenaza de retirar la financiación federal a la educación para perseguir a las escuelas y universidades que incumplan sus órdenes sobre la participación de atletas transgénero en deportes femeninos, el activismo propalestino y los programas de diversidad.
Incluso algunos de los aliados de Trump han cuestionado su autoridad para cerrar la agencia sin la acción del Congreso, y hay dudas sobre su popularidad política. La Cámara de Representantes consideró una enmienda para cerrar la agencia en 2023, pero 60 republicanos se unieron a los demócratas para oponerse.
Durante el primer mandato de Trump, la exsecretaria de Educación Betsy DeVos trató de reducir drásticamente el presupuesto de la agencia y pidió al Congreso que agrupara toda la financiación K-12 en subvenciones en bloque que dan a los estados más flexibilidad en la forma en que gastan el dinero federal. Fue rechazada, con el empuje de algunos republicanos.
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