Alejandro López González
La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) fue creada por el gobierno nacional en julio de 2007 y se estableció sobre la base de una reorganización del Sector Eléctrico Nacional con la finalidad de mejorar el servicio en toda Venezuela. Entre 2007 y 2010 hubo un proceso de fusión de las catorce (14) empresas operadoras y prestadoras del servicio eléctrico que previamente estaban distribuidas a nivel nacional, casi todas de propiedad pública. Paralelamente, a finales del año 2009 se presentan las primeras graves fallas en la calidad del servicio eléctrico adjudicadas por el gobierno nacional al fenómeno El Niño y el cambio climático, lo que lleva al ex presidente Hugo Chávez a crear el Ministerio de Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE), el 21 de Octubre de 2009. En diciembre de 2010 se emite la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (LOSSE) y en 2011 la Ley Orgánica de Uso Racional y Eficiente de la Energía (LUREE). El modelo creado entra en plena vigencia entre 2010 y 2011, cuando efectivamente son disueltas todas las empresas regionales y se funden en Corpoelec. A partir de ese momento todos los procesos comenzaron a centralizarse aceleradamente, los mantenimientos de las plantas de generación (Hidroeléctricas y Termoeléctricas) pasaron a ser dirigidos y planificados desde Caracas y todas las compras, desde el más sencillo de los implementos de mantenimiento y limpieza hasta el “overhauling” de un turbogenerador en una planta en el sur del lago de Maracaibo, comenzaron a centralizarse en las sedes centrales de Corpoelec y MPPEE (San Bernardino, Caracas). Entre 2010 y 2015, los períodos de altas temperaturas (entre abril y septiembre) fueron anualmente acompañados por programas de administración de cargas cada vez más intensos (salvo en el año 2012). Los tiempos totales de interrupción (TTI), es decir, el tiempo que tarda la empresa de servicio eléctrico en subsanar una falla, se incrementó notablemente entre 2010 y 2015 siendo los ejemplos más notables los del estado Zulia y Estado Lara, cuyas empresas públicas regionales de servicio eléctrico habían mantenido estándares de calidad superiores a la media latinoamericana. Así mismo, la tasa de disponibilidad del parque termoeléctrico en las regiones más industrializadas del país fue decayendo debido a la incompetencia e inoperancia del modelo de gestión dirigido desde la región capital de la república. Ante la decadencia del parque termoeléctrico (nuevo y viejo), debido a la pésima gestión de la burocracia centralista y centralizada del MPPEE y Corpoelec, los Ministros de Energía Eléctrica, por convicción propia o por pésimo asesoramiento extranjero, comenzaron a sobre-explotar los nobles embalses del río Caroní. Año tras año, la cota media o resultado neto de los embalses del Caroní iba bajando debido a la sobre-explotación y baja disponibilidad termoeléctrica como producto de la pésima gestión central y desorden en la dirección centralizada de las plantas termoeléctricas de todo el país. El gobierno nacional, el ex presidente Hugo Chávez, ciertamente destinó mucho dinero para la construcción de nuevas plantas termoeléctricas, sin embargo, la pésima gestión de los recursos de la burocracia centralista, la elección para altos cargos gerenciales en Caracas de personas sin ningún conocimiento del sector eléctrico y la contratación de empresas con poca o ninguna experiencia en el sector energético, condujo a que esas inversiones resultarán en grandes estafas a la nación, elefantes blancos, saludos a la bandera, desorden, caos, improvisación y mala calidad del servicio eléctrico.
En toda esta situación, la agudización del fenómeno El Niño (también llamado “oscilación del sur”, ENOS) es la causa señalada por el gobierno nacional. Esto se debe a nuestra dependencia, en un 63%, de la hidroelectricidad de los embalses del río Caroní. Sin embargo, es importante conceptualizar un poco acerca de éste fenómeno. Los investigadores Asmussen y McInnes de la Universidad de Queensland en Australia [1], publicaron en 2013 un estudio en la revista “Journal of Archaeological Science” , en el que logran establecer pruebas de la existencia e impacto del fenómeno El Niño en el éste de Australia hasta hace 5000 años y consideran que este fenómeno ha tenido una influencia importante en el desarrollo de las sociedades aborígenes de esa nación-continente. Los registros arqueológicos dan cuenta de los importantes impactos socio-económicos provocados por El Niño en la región de influencia de ENOS, incluyendo malas cosechas, desnutrición, hambre y disminuciones de población en estas regiones. En Colombia, algunos estudios han explorado la relación del fenómeno con el caudal de varios ríos en el país. En resumen, estos estudios concluyen con claridad que El Niño (ENOS) produce, y siempre ha producido, períodos secos más secos y más prolongados en Colombia que lo que corresponde normalmente a la estación de sequía en el país, mientras que la Niña amplifica las lluvias durante las estaciones lluviosas [2]. El Niño es un fenómeno predecible que se conocía desde antes de la construcción de la represa del Guri. En 1963, con un financiamiento significativo del Banco Mundial, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) creó la Electrificadora del Caroní, C.A. (EDELCA) que llegó a ser la empresa a cargo del proyecto y de las operaciones siguientes. Se creó un Centro de Pronóstico Hidro-meteorológico que generó y diseminó estudios y pronósticos climatológicos, meteorológicos e hidrológicos, los cuales ayudarían a prevenir o a diagnosticar cualquier amenaza natural al funcionamiento y confiabilidad de la central hidroeléctrica y/o daño a la represa.
Entonces ¿Cómo llegamos a esta crisis eléctrica? Las razones son de múltiples naturalezas, pero básicamente se debe a una reorganización desastrosa del sector eléctrico, un centralismo absurdo basado en criterios políticos distantes de la eficiencia, optimización de recursos, diversificación de la matriz energética y los principios básicos de la democracia participativa, además de una sobre-explotación de los recursos hídricos del Caroní, una pésima planificación del sector eléctrico carente de una visión integral y, probablemente, una galopante corrupción del nivel central y centralista de la burocracia eléctrica en lo relativo a la adquisición de plantas termoeléctricas a través de empresas de muy poca, o ninguna, trayectoria en el sector energético, nacional e internacional. En cuanto los planes que ha desarrollado la burocracia eléctrica central, queda en evidencia que el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PDSEN 2013-2019), elaborado por la Dirección General del Sistema Eléctrico del MPPEE, se encuentra en clara inobservancia de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, Ley Plan de la Patria 2013-2019,Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y acuerdos internacionales suscritos por la República, comprometiendo así la sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional a mediano y largo plazo y, con ello, la calidad en la prestación del servicio. Se considera grave que los planes desarrollados por funcionarios de alto nivel del gobierno central presenten tan gruesa ignorancia de lo que son las políticas que conforman el nuevo Estado venezolano, los valores y principios rectores del sistema eléctrico nacional y las tendencias mundiales en cuanto a preservación del ambiente a favor de la sostenibilidad de la humanidad, como especie dominante sobre la tierra [3].
Del centralismo burocrático a la democratización energética sustentable
El Artículo 5 de la Ley Orgánica de Sistema y Servicio Eléctrico, establece: “La prestación del servicio eléctrico se rige bajo los siguientes principios: (…) 2.Sustentabilidad ambiental, 3.Ordenación territorial, (…) 5. Uso racional y eficiente de los recursos, 6. Diversificación del uso de las fuentes de energía primarias, 7. Utilización de fuentes alternativas de energía y 8. Corresponsabilidad social” . Tristemente, estos principios rectores han sido claramente inobservados por la burocracia dominante en el sector eléctrico centralizado, que ha desmontado el viejo esquema de las catorce (14) empresas eléctricas regionales para edificar un modelo burocráticamente deformado [5] que no diversifica sino que intensifica la generación termoeléctrica, que ha demorado y degenerado los proyectos de electrificación con energías renovables en Paraguaná y La Guajira, ha deformado el concepto de uso racional y eficiente de la energía cambiándolo por el simple ahorro y la obligación de instalar plantas de autogeneración y grupos electrógenos, en generación distribuida altamente contaminante y, finalmente, no ha construido ningún mecanismo efectivo y eficiente de corresponsabilidad ni participación y, por consiguiente, ha bloqueado la democratización del sector eléctrico.
El PDSEN 2013-2019 elaborado por el MPPEE prevé que “En apoyo a la estrategia de ampliar y diversificar la matriz de insumos energéticos para la producción de energía eléctrica, se impulsa la instalación de una planta termoeléctrica con base a carbón en el estado Zulia”. Sin embargo, el carbón contamina el aire (atmósfera) un 32% más que el gasoil y un 77% más que el gas, contribuyendo sustancialmente al efecto invernadero y consecuente calentamiento global, que repercute directamente en el cambio climático debido a sus altas concentraciones de CO2, mientras que las energías renovables no producen ningún tipo de contaminación ambiental. Ante esta situación, el Artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece que “Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos”. Más específicamente, la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (LOSSE), establece en su artículo 5 que “La prestación del servicio eléctrico se rige bajo los siguientes principios: Numeral 2. Sustentabilidad ambiental.”.
La sustentabilidad ambiental se ve comprometida con el incremento nacional de emisiones de gases de efecto invernadero (CO2), como consecuencia de la instalación de una Planta Carboeléctrica, ya que las naciones firmantes de la Agenda 2030 igualmente declaran lo siguiente:“Observamos con grave preocupación el importante desfase que existe entre el efecto agregado de las promesas de mitigación de las emisiones anuales mundiales de gases de efecto invernadero para 2.020 hechas por las partes y la trayectoria que deberían seguir las emisiones agregadas para que haya buenas probabilidades de que el aumento de la temperatura global media no supere los 2 ºC, o los 1,5 ºC por encima de los niveles preindustriales”. De acuerdo al panel intergubernamental contra el cambio climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés), la superación de los 2 ºC por encima de los niveles preindustriales implicaría cambios catastróficos e irreversibles en el sistema climático terrestre, que comprometerían el pleno disfrute de de una vida digna para las generaciones futuras. Por lo tanto, la instalación de una Carboeléctrica contraviene nuevamente al artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cuando dice que “Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro”. En este sentido, la República Bolivariana de Venezuela, ha suscrito la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual reconoce que “el carácter global del cambio climático exige la máxima cooperación internacional para acelerar la reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (…)”.
Para desarrollar un sistema eléctrico acorde con los principios rectores de la Ley Orgánica de Sistema y Servicio Eléctrico, Ley Plan de la Patria, Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía, Constitución de la República de Venezuela y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, es necesario desmontar el esquema despótico de control burocrático centralizado del sistema eléctrico, que ha degradado en nepotismo y desmejora del servicio eléctrica. Se deben diversificar las fuentes de energía a nivel regional y estadal, descentralizar a Corpoelec en regiones autónomas de operación y prestación del servicio que sean auto-sustentables financiera y energéticamente. Para ello hemos propuesto los Territorios Energéticamente Sustentables (TES).
Territorios Energéticamente Sustentables
Considerando que, en Venezuela, el Sistema Eléctrico Nacional depende en 63 % de la energía eléctrica que es generada en las centrales hidroeléctricas del río Caroní, en el sur del país, y que ésta energía es trasmitida en líneas de 765 kV ( EHV, extra alto voltaje en inglés ) que cruzan la república de éste a oeste, nuestro sistema energético viene a ser altamente centralizado, concentrado y vulnerable a crisis climáticas o la pésima gestión central de cualquier gobierno de turno. La respuesta que ha dado a esta situación la burocracia dominante, desde su ascenso al poder absoluto en 2009 y en contra de los lineamientos y planes estratégicos de la nación, ha sido la mal llamada generación distribuida (grupos electrógenos) que hoy presentan una bajísima tasa de disponibilidad, altos niveles de emisión de CO 2 y Óxidos Nitrosos (NOx) y las nuevas Centrales Termoeléctricas. En el caso de la generación distribuida, el plan no merece menos que el calificativo de desastroso, muy poco hay que agregar. En el caso de las Centrales Termoeléctricas, se adquirieron turbogeneradores con capacidad de funcionar a gas o gasoil (más contaminante y costoso) que han terminado instaladas únicamente para gasoil en el occidente del país. El país ha incrementado sus niveles de consumo de gasoil para generación termoeléctrica hasta la insostenibilidad. Las plantas requieren mayor frecuencia de mantenimiento por el uso de gasoil y la burocracia central, sencillamente, es indolente ante la situación, parecen estar ocupados en asuntos más privados e importantes.
Venezuela fue en el siglo XX una potencia petrolera y durante la primera mitad del siglo pasado el primer exportador de petróleo del mundo. Hoy podemos ser, en el siglo XXI, una potencia energéticamente en energías limpias. Tenemos en las costas norte del occidente del país un potencial eólico de, al menos 10 mil megavatios, sin contar los potenciales eólicos de Nueva Esparta, Sucre y Los Andes. Con este potencial eólico, los primeros Territorios Energéticamente Sustentables pueden ser los estados Zulia y Falcón que podrían abastecer toda su demanda eléctrica empleando energía eólica, con respaldo en ciclos combinados (proyectos que permanecen inconclusos por parte de la burocracia eléctrica central), gestionada, operada y mantenida por empresas públicas regionales, democráticamente dirigidas a nivel local. El concepto de Territorios Energéticamente Sustentables está indisolublemente ligado a la propiedad pública sobre las microrredes eléctricas y/o redes eléctricas autónomas regionales, a través de comunidades organizadas y alcaldías o gobernaciones, respectivamente. Las plantas termoeléctricas que ya han sido instaladas por el gobierno del expresidente Hugo Chávez pueden todas usarse como respaldo a estos Territorios Energéticamente Sustentables, procurando usar como combustible al gas y no al gasoil y culminando todos los proyectos de cierre de ciclo combinados que están hoy paralizados.
En Venezuela, el programa Sembrando Luz de Fundelec [6] ha mostrado la capacidad de implantar proyectos de Microrredes Rurales para comunidades de 10, 20 y hasta 40 viviendas (empleando sistemas híbridos eólico-solares). Estas comunidades constituyen los primeros Territorios Energéticamente Sustentables (TES) del país ya que se autoabastecen de una energía gestionada a nivel local, obtenida de las fuentes locales de energía primaria (viento y energía solar, locales). Tomando estos ejemplos, se propone escalar las dimensiones de estos sistemas hasta el nivel regional y estadal, desmontando el despotismo central y el dominio hegemónico de la energía eléctrica por parte de una burocracia centralista que ha demostrado incapacidad, indolencia y una desorganización en la gestión del sistema eléctrico venezolano, como no se ha visto nunca antes en la historia energética de éste país. Al descentralizar la generación eléctrica, distribución y comercialización a niveles locales, estadales y regionales se hace concreto el principio de corresponsabilidad social y de autogestión de los recursos energéticos propios. Estos Territorios Energéticamente Sustentables pueden interconectarse a través de anillos por medio de los cuales intercambien energía en momentos específicos, produciéndose una red nacional mucho más estable y robusta, democrática e interdependiente. Sobre los Territorios Energéticamente Sustentables ya he escrito en otras oportunidades [4] y es una propuesta que se ha elevado hasta vice-presidencia de la República a finales del año 2015, que traemos nuevamente a la consideración ante la evidencia de una gestión desastrosa de un sector eléctrico altamente centralizado y la consecuente necesidad de avanzar a la democratización y descentralización de la energía eléctrica transfiriendo autonomía energética sustentable a las comunidades locales, estados federales y regiones de desarrollo nacional.
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