(Caracas, 16 de
febrero de
2014) La
fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó
que en el Ministerio Público existen
942 investigaciones penales contra personas naturales, por
estar
presuntamente
incursas en irregularidades en la solicitud para la
adquisición de
monedas
extranjeras ante la extinta Comisión de Administración de
Divisas
(Cadivi).
Así
lo dio a conocer este domingo 16 de diciembre en el programa
de
televisión “Diálogo
con”, trasmitido por Televen.
Durante
la
entrevista, la Fiscal General
explicó que de tales investigaciones se desprenden 481 actos
de
imputación por
parte de fiscales adscritos a la Dirección contra la
Corrupción del
Ministerio
Público.
Hasta
ahora, las investigaciones penales han sido detectadas en las
solicitudes de
divisas en efectivo, cupos electrónicos, para viajes al
exterior, las
destinadas a los estudiantes, las remesas familiares, pero
también a
través de
la creación de las denominadas empresas de maletín.
En
este aspecto, Ortega Díaz explicó que se logró la condena de
dos
personas que
habían constituido 85 empresas de ese tipo para tramitar
dólares ante
Cadivi.
La
máxima representante del Ministerio Público se refirió al caso
del
exfuncionario
de Cadivi, William Rojas Graterol (53); y
su hijo William José Rojas Godoy (23), quienes
admitieron su
responsabilidad en la creación de “empresas de maletín” para
obtener
divisas de
manera fraudulenta desde el año 2010 hasta 2013.
Ambos
hombres reconocieron que la creación de esas compañías
ficticias les
permitió
la obtención fraudulenta de divisas, por lo que un tribunal le
dictó
condena a
finales del año pasado.
Adicionalmente,
la Fiscal General se refirió a otro caso en el que se crearon
154
empresas de
maletín. Por este hecho el Ministerio Público acusó al
exgerente de
Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de Cadivi,
Francisco
Navas Lugo
(40); y a su sobrino José Daniel Stekman Lugo (30).
Ortega
Díaz precisó que todo lo relacionado con las empresas de
maletín, lo
tienen
distribuido las direcciones contra la Corrupción, y de
Legitimación de
Capitales, Delitos Financieros y Económicos, pues el modus
operandi
encuadra
dentro de lo que es la delincuencia organizada.
“La
Dirección contra la Corrupción tiene 191
investigaciones
que agrupan varias empresas, son muchísimas porque una
investigación pudiera contener, 10, 20 ó 50 empresas de
maletín”,
indicó la
Fiscal General
Asimismo,
dijo que por delincuencia organizada se tienen 416
investigaciones
penales
contra este tipo de compañías.
Recordó
que gracias al convenio de asistencia mutua con Ecuador, se
tiene
información
acerca de este tipo de empresas que operan desde y hacia
Venezuela,
situación
que se ha trabajado conjuntamente con el Fiscal General de la
nación
ecuatoriana para poder castigar a los responsables de una
acción que
afecta las
finanzas del país.
Por
otra parte, al ser consultada respecto a la aplicación de la
Ley
Orgánica de
Precios Justos en el marco de la lucha contra la guerra
económica,
precisó que
el Ministerio Público ha participado con otras instituciones
del Estado
en 96
intervenciones, de las cuales han derivado 75 investigaciones
penales.
En
esta lucha contra la especulación, el acaparamiento y la
usura, se
realizaron
57 aprehensiones, de las cuales permanecen 17 personas
privadas de
libertad y
40 tienen medidas cautelares.
Recuerdos
del 2002
La
Fiscal General fue consultada con relación a los sucesos
violentos
ocurridos el
pasado 12 de febrero, cuando un grupo de manifestantes causó
no sólo
destrozos
a la sede principal del Ministerio Público, a la Plaza Parque
Carabobo,
y en
las adyacencias de la parroquia Candelaria y otras partes de
Caracas,
sino que ocurrió
la muerte de tres personas y 66 heridos.
Al
respecto, Ortega Díaz no dudó en comparar tales acciones con
las
ocurridas en
abril de 2002 cuando se produjo un golpe de Estado que
disolvió los
poderes
públicos.
Alertó
que se pudiera estar en presencia de la preparación de un
golpe de
Estado
contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, pues las
consignas de los
manifestantes y de algunos actores políticos, claramente
identificados,
eran la
salida del Primer Mandatario.
“Ellos
tienen el derecho de querer salir de Maduro, pero tienen que
hacerlo
por las
vías legales. ¿Cuáles son las vías legales?: las elecciones,
revocatorios de
mandato. No pueden hacerlo a través de otras vías, porque si
lo hacen
el Estado
tiene sus mecanismos de protección a través de las leyes
penales, las
leyes
punitivas que sancionan esas conductas”, clarificó.
La
Fiscal General reconoció que el derecho a la protesta está
contenido en
la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero si
se
planifica una
manifestación deben solicitarse los respectivos permisos ante
las
alcaldías,
pues existen zonas de seguridad que tienen regulaciones
legales, además
que ese
derecho debe tener un carácter pacífico.
A
su juicio, la actitud de algunos de quienes marcharon hasta la
sede del
Ministerio Público fue deliberada, tuvo el objetivo de crear
violencia,
sin
tomar en cuenta el peligro que corrieron más de 800
trabajadores que
laboran en
el edificio principal de la institución.
Puntualizó
que tales hechos están grabados, no pueden ser desmentidos por
algunos
sectores
que han tratado de hacer ver que la violencia provino de las
instituciones del
Estado.
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