El gobernador del departamento del Meta (centro), Juan Guillermo Zuluaga, salió ileso de dos ataques armados en poco más de 24 horas, en una región de Colombia donde operan disidentes de la exguerrilla de las Farc, según denunció el político este martes.
El primer ataque fue el domingo 10 de octubre, cuando «el vehículo en el que yo me desplazaba recibió el impacto de un francotirador«, relató Zuluaga en W Radio.
En un segundo episodio, en la tarde del lunes, un «artefacto explosivo» estalló al paso de una caravana de vehículos en la que se desplazaba el gobernador.
Personas aún sin identificar activaron el dispositivo durante un recorrido del mandatario en La Macarena, un municipio del sur del departamento del Meta.
Zuluaga salió ileso de ambos atentados, pero un adulto y un niño de seis años quedaron heridos»«por las esquirlas del artefacto explosivo», aunque están «fuera de peligro».
El gobernador, militante del Partido Liberal, fue advertido sobre un tercer ataque que se fraguaba en su contra.
«La información que tenemos es que a un sitio que pensábamos ir ahí pretendían hacer otro atentado», añadió.
En esa región, antiguo bastión de la exguerrilla de las FARC, operan rebeldes disidentes que se marginaron del acuerdo de paz firmando en 2016.
En el lugar conviven madereros que deforestan bosques de la Amazonía colombiana, narcotraficantes y extorsionistas de campesinos «bajo el amparo de disidencia de las FARC», según Zuluaga.
Los alzados en armas de ese departamento son comandados por Miguel Botache Santillana, alias «Gentil Duarte», el principal cabecilla disidente del país.
«Ellos son los que están en la zona (…) seguramente la molestia es que se les llegue al corazón, donde ellos pretenden reinar como lo hicieron en el pasado», agregó el dirigente.
En las peores épocas del conflicto armado colombiano, la otrora guerrilla más poderosa de América atentaba contra los líderes políticos que gobernaban en sus zonas de influencia.
Aunque el grueso de los miembros de las Farc se desmovilizó, unos 13.000 hombres y mujeres, algunos siguieron en armas y se reorganizaron con nuevos reclutas.
Su pie de fuerza se estima en 2.500 militantes, según inteligencia militar.
Expertos acusan al Estado de no haber llegado a los territorios dejados por los rebeldes tras el histórico acuerdo, lo que facilitó la consolidación de otros grupos armados.
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