Los propios migrantes detenidos han relatado que, pese a lo establecido en el manual, las condiciones reales son muy distintas.
Los detenidos en la instalación conocida como Alligator Alcatraz aseguran vivir bajo un régimen de extrema disciplina, con horarios rígidos desde la madrugada, normas estrictas sobre vestimenta e higiene, y castigos colectivos por faltas individuales.
El lugar fue concebido como un modelo de “orden” en la gestión migratoria, pero las denuncias apuntan a condiciones adversas y dificultades para acceder a representación legal.
De acuerdo con información del portal web Spectrum Noticias NYC Florida, el manual entregado a los inmigrantes detenidos establece reglas que abarcan desde la vestimenta hasta la higiene personal, ordenando rutinas diarias estrictas como desayunos a las 5:30 a.m., sanciones disciplinarias inmediatas y la obligación de portar uniforme con códigos de color que clasifican a los reclusos según su historial criminal o riesgo de fuga.
Testimonios de los detenidos
"Los inodoros se desbordan y los pisos quedan cubiertos de aguas negras", señaló uno de los testimonios incluidos en la demanda. Otra persona mencionó que "hay días en que no podemos ducharnos, aunque en el manual se diga lo contrario".
Defensores legales de los inmigrantes han resaltado además que muchos quedaron retenidos durante semanas sin recibir formalmente cargos de deportación.
"Desaparecen del sistema normal de seguimiento de detenidos, como si no existieran", expuso la moción de un grupo de derechos civiles.
Debate legal y demandas en curso
Un juez federal en Miami ordenó detener las actividades en agosto, pero la decisión fue revertida semanas después por un tribunal de apelaciones.
El manual presentado como evidencia en el proceso judicial contradice muchas de las experiencias narradas por los detenidos.
Mientras los documentos hablan de acceso a barbería, biblioteca legal y artículos básicos de higiene, los testimonios presentados por defensores aseguran que los reclusos viven bajo condiciones insalubres y con limitaciones graves para comunicarse con sus abogados.
Posición oficial de los operadores
Mark Saunders, representante del contratista privado Grupo Nakamoto, rechazó las acusaciones de que no exista acceso confidencial a la defensa legal.
Aseguró que "cada solicitud de reunión con abogados ha sido concedida" y enfatizó que hay salas privadas destinadas para esas conversaciones.
Sin embargo, los testimonios de los detenidos y las observaciones de ONG señalan una realidad distinta, donde la distancia geográfica de la instalación y la falta de mecanismos accesibles limitan las posibilidades de defensa legal para los inmigrantes retenidos.
Los propios migrantes detenidos han relatado que, pese a lo establecido en el manual, las condiciones reales son muy distintas.
Las denuncias sobre este centro derivaron en varias acciones judiciales. Tres demandas, entre ellas una ambiental y otra por violaciones de derechos civiles, cuestionan la validez de su operación.
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